La Cámara de Senadores aprobó ayer, en sesión extraordinaria, un proyecto de declaración que expresa su preocupación por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación en el caso Banco Atlas–Conmebol. La votación, que se realizó en menos de un minuto y sin debate, fue presentada por el senador Dionisio Amarilla, quien argumentó que la demora afecta la regular prosecución del proceso.
El documento ha generado un debate constitucional, ya que se refiere a una causa judicial de carácter privado en la que no están en riesgo ni entidades ni fondos públicos. El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, fue consultado sobre si esto podría considerarse una intromisión del Poder Legislativo, a lo que respondió que es necesario garantizar la libertad de criterio de los magistrados.
Martínez Simón afirmó que el Congreso tiene la prerrogativa de pronunciarse, pero que la Corte aguardará la comunicación oficial para analizarla. Hasta el momento, el documento no ha sido comunicado oficialmente a la Corte, según lo indicado por el presidente.
El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, calificó el pronunciamiento del Senado como un “apriete nefasto, bochornoso e inconstitucional”, señalando que la Cámara violó la Constitución para favorecer intereses privados. Yódice denunció una intromisión del Poder Legislativo en facultades jurisdiccionales y consideró que la situación representa una violación al principio de equilibrio de poderes.
El abogado también subrayó que los legisladores infringieron el artículo 192 de la Constitución al inmiscuirse en asuntos jurisdiccionales que no involucran intereses públicos, cuestionando la relevancia de este proceso para la ciudadanía. Además, comparó la rapidez con la que el Senado trató este asunto con su desinterés ante casos de corrupción y tragedias sociales.
Yódice sostuvo que este pronunciamiento refuerza la hipótesis de que la causa fue fabricada deliberadamente, utilizando el proceso judicial como una herramienta coercitiva. Hizo un llamado a los ministros de la Corte para que no cedan ante la presión del Legislativo y rechazó la nota del Senado en defensa de la seguridad jurídica.
El senador Eduardo Nakayama solicitó la reconsideración de su voto en la sesión, manifestando que no es apropiado que el Legislativo interfiera en los asuntos judiciales. Por su parte, el senador Rafael Filizzola también pidió reconsideración, argumentando que la declaración violaba la Constitución al presionar a la Corte Suprema.
Ambos senadores anunciaron su intención de derogar el proyecto de declaración, aunque la sesión fue levantada antes de que se pudiera completar la votación sobre la reconsideración.