La reciente sentencia contra Hernán Rivas ha desatado un intenso debate en el Senado sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y su papel en la validación de documentos académicos. En respuesta, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN), ha solicitado un tratamiento urgente para un proyecto que se discutirá el 7 de octubre, el cual propone suspender por cinco años la habilitación de nuevas universidades e institutos privados, así como la creación de carreras de Derecho y Medicina.
Este proyecto plantea una moratoria que busca detener la creación de nuevas instituciones educativas y carreras, permitiendo un tiempo para evaluar la oferta académica y fortalecer los controles en el sistema educativo. Paredes ha enfatizado que la iniciativa no busca cerrar universidades existentes ni eliminar títulos ya otorgados, sino mejorar los mecanismos de acreditación y control.
El proyecto ha sido respaldado por varios senadores de diferentes partidos, incluyendo a Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, entre otros. Además, se contempla la creación de un Registro Público Nacional de Carreras y Egresados, que permitiría acceder a información sobre instituciones y su acreditación.
La senadora Paredes ha subrayado que la discusión no debe limitarse a la condena de Rivas, sino que es crucial investigar a las instituciones que participaron en la validación de los documentos irregulares. En sus declaraciones, pidió resultados concretos de la comisión del Senado que investiga este tema, presidida por Patrick Kemper, y señaló específicamente a la Universidad Sudamericana, de la que egresó Rivas.
La propuesta de moratoria también está enmarcada en un contexto más amplio sobre el crecimiento desmedido de las carreras de Medicina en el país, donde actualmente hay 43 programas activos en 25 universidades, y la necesidad de contar con recursos adecuados para la formación de profesionales en salud. Se estima que el país cuenta con 58 universidades, de las cuales 10 son públicas y 48 privadas.
Los datos sobre la oferta académica revelan que para el área de Derecho, existen 191 titulaciones autorizadas, pero solo 33 acreditadas según la ANEAES. Esto ha llevado a los legisladores a cuestionar la necesidad de seguir habilitando nuevas carreras en medio de estas irregularidades.
El proyecto también aclara que la moratoria no cerrará universidades ni eliminará títulos, permitiendo que los estudiantes continúen sus estudios. Además, se permitirá la creación de universidades cuyos proyectos ya estén en trámite en el Congreso al momento de la entrada en vigencia de la ley.
El Senado ya había discutido una propuesta similar hace dos años, que buscaba suspender la creación de nuevas carreras de Medicina, aunque no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. La presión sobre el Senado para abordar estos temas de control y calidad en la educación superior se intensifica con cada nuevo escándalo relacionado con títulos académicos.