La reciente condena de ocho años de prisión a Hernán Rivas, exlegislador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ha reavivado un episodio de su carrera política. La sentencia se debe a irregularidades relacionadas con su título de abogado, ya que Rivas no contaba con matrícula profesional, a pesar de haber afirmado en el pasado haber culminado sus estudios de Derecho.
El 9 de junio de 2020, durante una entrevista previa a su juramento como representante ante el JEM, Rivas se comprometió a responder con «toda la verdad y nada de mentiras». En ese encuentro, se le cuestionó sobre su ausencia en los registros de la Corte Suprema de Justicia como abogado. Rivas explicó que nunca había ejercido la profesión y que, aunque se había graduado años atrás, no había realizado las gestiones necesarias para obtener su matrícula.
“Yo me recibí hace años, nunca ejercí la profesión, no vengo de ningún estudio jurídico”, sostuvo Rivas, quien también mencionó que había terminado su carrera en 2015 en la Universidad Sudamericana. En ese momento, el diputado cortó la llamada, alegando que estaba manejando y debía llegar a la Cámara de Diputados.
Más tarde, Rivas volvió a comunicarse, pero se limitó a reiterar que no tenía nada que ocultar y que se sentía «atacado» por las preguntas sobre su formación. A pesar de sus declaraciones, no proporcionó detalles adicionales sobre su carrera académica y volvió a cortar la llamada.
El mismo día de la entrevista, durante su discurso de presentación ante el JEM, Rivas reafirmó su compromiso y agradeció a sus colegas por la confianza depositada en él. Sin embargo, esta situación ha adquirido un nuevo contexto tras la condena de ocho años de cárcel por parte de un Tribunal de Sentencia, que consideró especialmente grave su conducta relacionada con el título falso de abogado. El Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años, argumentando que sus acciones causaron un perjuicio a la ciudadanía.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga, quien presidió, y Yolanda Portillo, quienes determinaron la gravedad de los hechos en cuestión.