La tranquilidad de la noche del martes 14 de julio de 2026 se vio interrumpida en las inmediaciones del Colegio Nacional Don Florencio Acevedo. Alrededor de las 22:10 horas, un sigiloso intento de hurto agravado fue desarticulado gracias a la rápida acción policial y al estado de alerta de las autoridades educativas.
Dos jóvenes, que de manera irónica resultaron ser los encargados de cuidar otra escuela de la zona, terminaron tras las rejas tras un fallido plan que incluyó sabotaje eléctrico y una huida por los techos.
El sabotaje que encendió las alarmas
El plan criminal parecía meticulosamente calculado. Los sospechosos ingresaron al predio educativo con un objetivo inicial claro: neutralizar la seguridad. Para ello, manipularon el interruptor principal de energía eléctrica de la institución, logrando interrumpir la transmisión en vivo de las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Sin embargo, no contaron con la astucia de la directora del colegio, la Lic. Irene Raquel Palacios Insfrán. Al percatarse de la repentina pérdida de señal de las cámaras de seguridad en su monitor, sospechó inmediatamente que algo andaba mal y alertó sin dudar a la Comisaría 2ª del Barrio General Díaz.
Persecución en los techos y delación
La respuesta policial fue inmediata. Al llegar las patrullas al recinto escolar, los uniformados divisaron a un hombre sobre el tejado del colegio intentando escapar. Tras darle la voz de alto, se inició una breve pero intensa persecución a pie que culminó a unos 30 metros del lugar, sobre la calle Alicia E. Lynch casi Cerro León, en el Barrio San Gerardo.
El primer detenido fue identificado como Gustavo Alberto Paredes Sanabria, un ciudadano brasileño de 23 años.
Al verse acorralado por los agentes, Paredes Sanabria no tuvo más remedio que confesar que no actuaba solo: delató a su cómplice y cuñado, quien aún se encontraba dentro de las instalaciones.
Los efectivos policiales reingresaron al colegio para realizar una búsqueda exhaustiva, localizando finalmente al segundo implicado oculto en una de las oficinas administrativas. Se trataba de un menor de 14 años (J.M.F.V.).
Un detalle que llamó la atención de los intervinientes es que ambos aprehendidos residen legalmente como caseros en el predio de otra institución de la zona, la Escuela Coronel José María Argaña.
A disposición de la Justicia
Tras ser informados de sus derechos constitucionales (conforme al Artículo 12 de la Constitución Nacional), ambos sujetos fueron trasladados a la base de la Comisaría 2ª para los procedimientos de rigor.
El caso quedó a cargo de la Agente Fiscal de turno, la Abog. Mirtha Martínez, quien dispuso que los dos jóvenes permanezcan recluidos en libre comunicación en dicha dependencia policial, quedando a total disposición de la Justicia Ordinaria.
