06 de julio de 2026 a la – 08:50
La Superintendencia de Jubilaciones en el centro de la polémica por inversiones irregulares
La titular de la Superintendencia de Jubilaciones, Carolina Figueredo, abordó la controversia sobre el monto depositado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, superando los límites legales establecidos, lo que ha generado preocupación en el ámbito financiero.
De acuerdo con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, las entidades no pueden destinar más del 10 por ciento de su portafolio total a una sola entidad financiera. Sin embargo, se ha revelado que el IPS ha excedido este límite en una cantidad que Figueredo calificó de “levemente” superior a lo permitido.
Durante su intervención, Figueredo hizo eco de las declaraciones de Hugo Díaz, un consejero del IPS, quien defendió la situación argumentando que el dinero en Ueno Bank corresponde a “cuentas a la vista”, las cuales no deberían ser clasificadas como inversiones. Esta distinción es crucial, ya que dichas cuentas se utilizan para pagos operativos y no para generar rendimientos.
“Las cuentas operativas son aquellas que se emplean para el pago de haberes y salarios”, explicó Figueredo. En contraste, recordó que otras cuentas, como las asociadas a préstamos o certificados de depósito, sí pueden considerarse inversiones.
La superintendente también señaló que el Banco Sudameris presenta un escenario similar al de Ueno Bank, con un porcentaje de fondos del IPS que también excede el límite legal, aunque en este caso, el exceso es considerado insignificante.
Figueredo destacó que este año es clave para la revisión y adecuación de las normativas en la Superintendencia. Se espera que las modificaciones pertinentes se implementen a partir del próximo año, buscando garantizar la legalidad y la transparencia en las inversiones del fondo jubilatorio.
La controversia ha suscitado preguntas sobre la gestión de los fondos de pensiones y la responsabilidad de los órganos reguladores. Esta situación reafirma la necesidad de una supervisión más rigurosa y de la importancia de adherirse a las normativas establecidas para asegurar la confianza en el sistema de jubilaciones.
