A semanas de las internas partidarias, sectores de la disidencia colorada y del PLRA denuncian posibles vulnerabilidades, exigen auditorías extremas y advierten sobre riesgos de fraude, mientras el TSJE intenta frenar la ola de sospechas defendiendo la seguridad y transparencia del sistema electoral.
A menos de tres semanas de las internas partidarias, el voto electrónico vuelve a quedar en el centro de la disputa política. La disidencia colorada y sectores del PLRA exigen mayores controles sobre las máquinas de votación, mientras la Justicia Electoral habla de una campaña de descrédito y asegura que el sistema cuenta con mecanismos de seguridad.
La confianza electoral, otra vez en discusión
La antesala de las elecciones internas simultáneas del 7 de junio quedó atravesada por una nueva controversia sobre las máquinas de votación. Lo que empezó como un reclamo técnico de sectores disidentes terminó escalando a un debate político de alto voltaje, con pedidos de auditoría, advertencias sobre posibles vulnerabilidades, denuncias de fallas durante pruebas y una respuesta institucional del TSJE que calificó los cuestionamientos como un «ataque al sistema».
El punto de mayor tensión se ubica dentro del Partido Colorado, donde la disidencia reclama garantías antes de competir contra el aparato cartista en la interna más grande del país. Los sectores colorados no oficialistas sostienen que sus técnicos no tuvieron acceso suficiente al proceso de auditoría de las máquinas y pidieron que se habiliten nuevos controles antes de la jornada electoral.
La presión fue tal que incluso el Tribunal Electoral Partidario de la ANR trasladó al TSJE la inquietud de los movimientos internos y solicitó que se fije fecha, lugar y hora para una auditoría, aunque aclarando que el cronograma electoral no debe alterarse.
El oficialismo colorado rechaza frenar el calendario
Honor Colorado salió a respaldar una eventual auditoría, pero calificó el pedido como extemporáneo y rechazó cualquier intento de suspender o postergar las internas. El movimiento cartista sostuvo que los plazos del proceso electoral son perentorios e improrrogables y que no acompaña una modificación del calendario.
Desde el cartismo también se defendió al TSJE. El diputado José Rodríguez afirmó que confía en los controles de la Justicia Electoral y puso en duda que los disidentes hayan sido marginados del proceso técnico. Sin embargo, el propio TEP colorado admitió que existían fundamentos para trasladar el reclamo al TSJE y pedir una salida que despeje sospechas.
La disidencia pide controles en mesa y auditoría
El diputado Luis «Tiki» González Vaesken, de la disidencia colorada, sostuvo que el TSJE no debería negarse a una auditoría si «está todo bien», pero también advirtió que, más allá de los controles técnicos, la clave será reforzar la fiscalización en cada mesa. Planteó que los veedores, miembros de mesa y apoderados deberán verificar que las papeletas coincidan con los resultados emitidos por las máquinas.
La preocupación política no se limita al software o al hardware. Para los sectores disidentes, el problema central es la confianza: si una parte de los competidores siente que no pudo auditar en igualdad de condiciones, el resultado puede nacer cuestionado incluso antes de abrirse las urnas.
El PLRA también enciende alarmas
En el PLRA, el senador Éver Villalba volvió a afirmar que las máquinas son «vulnerables» y acusó al TSJE de ponerse del lado de la empresa proveedora antes que de la ciudadanía. Villalba sostuvo que durante una prueba una máquina imprimió parcialmente un boletín, situación que, según él, podría generar dudas al momento del escrutinio público.
Movimientos internos liberales pidieron una auditoría integral, la apertura del denominado «sobre 4» y mayor participación de los sectores internos en los controles técnicos. Según denunciaron, el proceso no cumplió con estándares suficientes de transparencia ni permitió fiscalización independiente plena.
El caso más delicado fue denunciado por Diego Garcete, apoderado del Frente Radical-PLRA, quien afirmó que una máquina utilizada en pruebas imprimió parcialmente una papeleta y que existía diferencia entre el voto impreso y lo contabilizado por la máquina. También cuestionó que no se permitiera grabar ni ingresar con celulares durante los controles.
Una voz liberal que relativiza el fraude
Pero dentro del propio PLRA no hay una sola postura. El apoderado técnico Carlos Díaz Casabianca aseguró que un equipo de alrededor de 40 técnicos revisó durante meses las máquinas, el hardware, parte del software, las conexiones y los sistemas de transmisión, sin encontrar evidencia de manipulación del voto.
Díaz Casabianca dijo que fueron a buscar una falla con espíritu crítico, incluso con desconfianza hacia la Justicia Electoral, pero que no hallaron una forma de alterar el voto. Su postura introduce un matiz importante: admite que puede haber fallas o dudas operativas, pero no sostiene que se haya probado un mecanismo de fraude informático.
La defensa del TSJE
El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, defendió el sistema y sostuvo que las críticas forman parte de una campaña de desprestigio contra el voto electrónico y contra la propia institución. Recordó que las máquinas ya fueron utilizadas en las municipales de 2021 y en las generales de 2023, procesos que calificó como exitosos.
Bogarín admitió, sin embargo, una falencia comunicacional: reconoció que la institución no explicó suficientemente los procedimientos técnicos y de seguridad. «Lo que no se informa es como si no se hiciera», señaló al anunciar una reestructuración de la estrategia comunicacional de la Justicia Electoral.
Desde el área técnica, Fausto Von Streber explicó que las boletas cuentan con chip RFID, que los datos están encriptados y que la máquina verifica la autenticidad del chip antes de permitir la votación. También sostuvo que la clave de cifrado varía según la máquina, la credencial y otros elementos del proceso electoral.
Una licitación que también alimenta sospechas
El debate no se limita al funcionamiento de las máquinas. También pesa el antecedente de la contratación. El TSJE adjudicó al consorcio Comitia-MSA el alquiler de 18.000 máquinas por USD 35 millones para las internas simultáneas del 7 de junio y las municipales previstas para octubre.
Ese dato se convirtió en parte del argumento opositor y disidente, especialmente porque el proveedor ya venía siendo cuestionado por antecedentes en procesos licitatorios. Para los críticos, la falta de confianza no nace solo de un eventual error técnico, sino de una combinación de contratación polémica, controles discutidos, restricciones durante pruebas y escasa comunicación institucional.
La interna queda bajo presión
La controversia golpea en el peor momento para los partidos. El 7 de junio no solo se definirán candidaturas municipales para octubre, sino también disputas internas de poder en la ANR y el PLRA. En el Partido Colorado, la pelea tiene un peso nacional porque mide fuerzas entre el cartismo y la disidencia. En el PLRA, además de candidaturas municipales, se juega la conducción partidaria.
El riesgo político es evidente: si el TSJE no logra despejar las dudas antes de la votación, cualquier resultado ajustado puede quedar bajo sospecha. Y si los partidos no fortalecen sus controles en mesa, el debate técnico puede convertirse en una crisis poselectoral.
Por ahora, no existe una prueba pública concluyente de fraude informático. Lo que sí existe es una acumulación de dudas, reclamos de auditoría, fallas denunciadas y una disputa política que ya instaló la sospecha sobre el sistema. En una elección interna cargada de intereses, la transparencia no solo debe existir: debe ser demostrada antes, durante y después de la votación.
