Senadores opositores presentaron este miércoles el libelo acusatorio para impulsar la pérdida de investidura del senador cartista Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py.
La presentación busca forzar una sesión extraordinaria en la Cámara Alta y aumentar la presión política sobre Honor Colorado, sector que hasta ahora evita avanzar directamente hacia la expulsión definitiva del legislador.
El documento fue entregado al presidente del Senado, Basilio «Bachi» Núñez, con el pedido de activar el mecanismo previsto en el artículo 201 de la Constitución Nacional y someter el caso al pleno del Congreso. Los impulsores sostienen que la permanencia de Galeano dentro del Senado golpea severamente la credibilidad institucional y envía una señal de impunidad en medio de una causa considerada una de las más grandes contra el crimen organizado y el narcotráfico en Paraguay.
La ofensiva opositora se produce apenas días después de que la Cámara de Senadores revocara el permiso «sine die» que mantenía alejado a Galeano de sus funciones legislativas. Sin embargo, dentro del cartismo todavía persiste la expectativa de que el legislador presente su renuncia voluntaria para evitar un proceso de pérdida de investidura que podría terminar exponiendo aún más al oficialismo.
Esa posibilidad, al menos por ahora, fue descartada por la defensa del senador condenado. Su abogado, Ricardo Estigarribia, afirmó que Galeano no tiene intención inmediata de dejar su banca, lo que acelera el escenario de confrontación dentro del Senado.
En el libelo acusatorio, los legisladores opositores recuerdan que Galeano fue condenado el 4 de marzo de 2026 por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal. Posteriormente, el 4 de mayo, la sentencia fue confirmada de forma unánime por un Tribunal de Apelación especializado en delitos económicos, crimen organizado y anticorrupción.
Los senadores sostienen que ya existen dos resoluciones judiciales coincidentes que prueban la responsabilidad penal del parlamentario y remarcan que los hechos atribuidos son incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Entre los puntos señalados en el documento aparecen operaciones vinculadas al lavado de dinero proveniente de estructuras criminales, transferencias millonarias en efectivo y supuestos vínculos logísticos con integrantes del esquema liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico», y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
También recuerdan que la Fiscalía logró probar que Galeano vendió una propiedad ubicada en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario ligado a la estructura criminal investigada, además del uso de una aeronave vinculada al senador para facilitar traslados dentro del país.
Los opositores afirman que las conductas atribuidas al senador encuadran plenamente dentro de las causales constitucionales para la pérdida de investidura, especialmente por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.
Mientras tanto, el cartismo continúa evitando una definición inmediata. Aunque sectores de Honor Colorado admiten que el escenario político se volvió prácticamente insostenible para Galeano, todavía no existe consenso sobre la estrategia final y el oficialismo apuesta a ganar tiempo antes de avanzar con un libelo propio.
El caso se transformó en uno de los episodios más delicados para el Senado en los últimos años, debido a que involucra a un legislador condenado por vínculos con estructuras de narcotráfico y crimen organizado que operaban a escala internacional.