La Caja Fiscal de Paraguay es inconstitucional según experto en seguridad social

El ingeniero Jorge Darío Cristaldo Montaner ha advertido que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público en Paraguay incumple la Constitución por no adherirse a los principios de unidad, uniformidad, equilibrio y exclusividad en el sistema de seguridad social.

Según Cristaldo, la existencia de múltiples cajas de jubilaciones para empleados del sector público socava el principio de unidad, generando confusión y desigualdades en los beneficios. Este fenómeno es visto como una grave anarquía legislativa que afecta a los trabajadores.

El análisis sostiene que la Ley N° 7633/2026 presenta serias deficiencias en su construcción, particularmente en la exigencia de diferentes condiciones para acceder a las mismas prestaciones. Esta falta de uniformidad refleja la ausencia de estudios técnicos adecuados, esenciales para sostener un sistema de seguridad social saludable.

Cristaldo también critica la falta de responsabilidad por parte de los legisladores, quienes, al diseñar esta ley, se centraron en intereses temporales y olfatearon las realidades actuariales, dejando de lado el principio de equilibrio. Este principio exige que exista un régimen de financiamiento justo y calculado, que respete la carga económica de las jubilaciones y pensiones.

El ingeniero enfatiza que el déficit existente debe llevar a un análisis riguroso para ajustar cotizaciones y gastos. Indicó que todos estos principios son obligatorios en el sistema de reparto y que su no aplicación es una violación directa a la Constitución Nacional.

Además, hizo un llamado a la conciencia de los legisladores, señalando que se debe actuar con responsabilidad al abordar cuestiones tan críticas para el bienestar social. La negligencia histórica en relación a la gestión del sistema de seguridad social deja a gran parte de la población en situaciones vulnerables.

Finalmente, Cristaldo refuerza la necesidad de que se implementen reformas significativas en el sistema de jubilaciones, asegurando que todas las decisiones político-legislativas consideren el bienestar y la seguridad de los beneficiarios, priorizando un enfoque que garantice equidad y sostenibilidad para el futuro de las futuras generaciones.