Fiscalía y Contraloría se echan la culpa por denuncias millonarias.

Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, destacó que la institución remite cada caso fundamentándose en normativas nacionales e internacionales, y recordó que en 2025 se auditará el cierre del año fiscal 2024, incluyendo los reportes ingresados entre enero de 2024 y junio de 2025.

La Fiscalía defiende su proceso y señala falta de información suficiente

El fiscal general Emiliano Rolón explicó que el Ministerio Público actúa bajo un sistema acusatorio adversarial, donde los reportes de la Contraloría son “informaciones iniciales” que deben pasar por un análisis jurídico, fáctico y probatorio antes de proceder con una imputación.

Rolón enfatizó que muchos reportes son “complejos, pero incompletos” y que sin claridad sobre el espacio–tiempo, los elementos probatorios y el pronóstico jurídico, no pueden llevar a cabo imputaciones sin incurrir en irregularidades.

También recordó que la imputación no es automática y depende de una investigación preliminar rigurosa, ajustada a los plazos de prescripción determinados en el Código Penal.

Legisladores exigen responsables: “La pelota está en algún lado”

Durante la sesión bicameral, los legisladores pidieron sinceridad y claridad. El diputado Raúl Benítez (independiente) cuestionó la desestimación del caso IPS, que involucraba un supuesto cargamento de combustible de cerca de 1.000 millones de guaraníes, y solicitó identificar dónde está la falla en el sistema: “Necesitamos responsables. Si la Contraloría falló en su trabajo, que se reconozca. Si la Fiscalía no cumplió adecuadamente, que también se diga.”

Contraloría responde: “Si falta información, que la pidan”

Gladys Fernández respondió a la jefa de Delitos Económicos, la fiscala Soledad Machuca, afirmando que la institución está siempre dispuesta a ampliar información: “Nos desmotiva ver que se desestiman casos que, según el equipo auditor, sí constituyen indicios de delito. Si hace falta información, la Fiscalía puede solicitarla.”

Aseguró que la Contraloría actúa con evidencia basada en normas locales e internacionales, y reiteró su disposición a coordinar de manera más efectiva.

Encina comentó que la Fiscalía capacitó a sus funcionarios para mejorar la calidad de los informes y planteó que tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben coordinar de manera conjunta: “No puede ser que digan ‘yo ya pasé a Fiscalía’ o ‘yo ya pasé a Contraloría’. Necesitamos trabajar juntos y no de manera aislada.”

Por su parte, el Viceministro de Economía, Óscar Lovera, presentó mejoras bajo la Ley 7021 de Suministro Público y Contrataciones, en vigencia desde agosto de 2024. El objetivo es integrar información desde la planificación hasta la ejecución de contratos, abarcando trazabilidad a través del sistema SGEBIS.

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Entre los problemas detectados, mencionó la anticipación de provisiones que superan el crédito presupuestado, los contratos ad referéndum iniciados sin autorización financiera y la falta de digitalización interna: muchos contratos aún se gestionaban en biblioratos.

Aseguró que, con la nueva interoperabilidad entre sistemas, el Estado podrá contar con información más precisa para evitar sobre-ejecuciones y detectar irregularidades más rápidamente.