UGP critica Resolución 8 del BCP por crear evaluación paralela.
Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) alertan que la Resolución 8/2018 del Banco Central del Paraguay establece un “sistema paralelo” para la evaluación ambiental que queda en manos de las entidades bancarias. Además, enfatizaron que incluye criterios que contradicen las políticas de desarrollo del país.
De acuerdo con Cristaldo, la normativa del BCP impone un “sistema paralelo de evaluación de impacto ambiental” a través de las instituciones financieras, lo cual, según él, va en contra del marco legal existente en Paraguay y genera incertidumbre en el sector productivo.
“No puede una resolución del BCP ignorar un documento oficial como la declaración de impacto ambiental emitida por el MADES. Se está instaurando un sistema paralelo de evaluación de impacto ambiental a través de los bancos. El Banco se encarga de manejar el dinero y no tiene mucha comprensión sobre el medio ambiente. Y el Mades, que se especializa en ese ámbito, su documento no es valorado”, manifestó.
Más obstáculos para el crédito y un debate abierto
La implementación de la Resolución 8 obliga a las entidades bancarias a evaluar también aspectos ambientales y sociales antes de otorgar créditos. Para los gremios del sector productivo, esto implica más obstáculos, incluso con la aprobación del Mades, lo que reaviva el debate sobre la intersección entre las regulaciones financieras y ambientales en Paraguay.
Moratoria de la soja en Brasil y sus repercusiones en Paraguay
Cristaldo también mencionó la moratoria de la soja en Brasil, un acuerdo voluntario entre empresas que prohíbe la compra de granos de zonas deforestadas en la Amazonía y que fue suspendido cautelarmente por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), al considerarlo un acuerdo anticompetitivo.
“Hay personas que se benefician de ese escenario de catástrofe, argumentando que Paraguay presenta los mayores índices de deforestación, cuando los datos del Infona reflejan otra realidad”, aseguró. En este contexto, destacó las exigencias del reglamento 1115 o ley “antideforestación” de la Unión Europea en los contratos de compra y venta de soja.
UGP: desarrollo y medio ambiente no son opuestos
“El problema radica en que el sector más radicalizado se enfoca solamente en uno de los ejes, que es el aspecto ambiental; desestima la dimensión económica de la producción y no considera el impacto social: paralizar este proceso impide la inversión, la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida en países en desarrollo como el nuestro”, concluyó.
