Sala Penal ratifica tribunal para revisar apelación de Díaz Verón.

El camarista José Agustín Fernández ha sido confirmado como integrante del Tribunal de Apelación Penal, encargado de analizar la apelación interpuesta contra la absolución del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo. Además, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado auditar el expediente, debido a la prolongada demora en resolver el recurso presentado por la fiscalía, que solicita un nuevo juicio oral para los acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por egresos no justificados que superan los G. 10.000 millones.
Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compuesta por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo; donde se aceptó la impugnación presentada por el camarista Arnulfo Arias y se ratificó al magistrado José Agustín Fernández en el tribunal de alzada para revisar el recurso en contra de la Sentencia Definitiva N° 599, fechada el 21 de diciembre de 2023, emitida por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez.
Fernández había solicitado apartarse de la causa el 31 de marzo de 2025, argumentando que siempre cuestionó el “ilegal e inconducente” allanamiento efectuado por la Fiscalía en su despacho, durante la gestión de Díaz Verón en el Ministerio Público, en relación con un caso de un funcionario del tribunal de alzada al que pertenece el camarista.
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Causa contra Díaz Verón será auditada por la Corte
Jiménez Rolón añadió que, conforme a lo que se observa en el Sistema Informático del Poder Judicial, el estudio del recurso de apelación fue asignado el 7 de marzo de 2024 al Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, sin que hasta la fecha haya recaído resolución alguna sobre el mismo.
Fiscalía pide nuevo juicio para Díaz Verón
Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera están solicitando a la Cámara de Apelaciones el reenvío de la causa penal para un juzgamiento adecuado, proponiendo que el nuevo juicio oral y público sea llevado a cabo por un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

Las representantes del Ministerio Público también argumentan la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia respecto a las pruebas presentadas en el juicio, incluyendo informes de peritos Mateo Nakayama y Javier González, así como sus testimonios, que guardan relación con el hecho punible de enriquecimiento ilícito, dado que son pruebas de los ingresos y egresos de Javier Díaz Verón y su esposa María S. Morínigo.
En relación con la declaración del perito Javier González durante el juicio, que fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte del tribunal, la fiscalía sostiene que los jueces no prestaron la debida atención o no comprendieron lo que el profesional declaró.
Hechos fueron probados, según fiscalas
En su apelación, las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera responden a la decisión del Tribunal de Sentencia, que al dictar la absolución del ex fiscal Javier Díaz Verón y su esposa, calificó como deficiente el trabajo investigativo del Ministerio Público; además, mencionan los informes de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, que dictaminaron favorablemente acerca de la gestión del procesado en su función como fiscal general del Estado.

Con respecto a estos puntos, las fiscalas destacan que han realizado un trabajo exhaustivo para reunir todas las pruebas presentadas en el juicio oral y público, que, a su criterio, fundamentan plenamente la acusación; y consideran que “no tiene sustento jurídico la apreciación generada en el fallo, sobre por qué la fiscalía no tomó en cuenta esos documentos, ya que la ley es muy clara”.
Añaden que si se hubieran considerado dichos elementos, el Ministerio Público estaría incumpliendo la ley, dado que las resoluciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas avalaban que son necesarios los delitos precedentes para el hecho de enriquecimiento ilícito.
En sus alegatos finales, las agentes del Ministerio Público solicitaron que Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, además de 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito de G. 10.495.174.320; a su esposa, pidieron 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero.