Reforma del transporte: cambios aprobados por cartistas en Diputados.

La diputada cartista Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, solicitó que el proyecto se analice por títulos y capítulos para evitar un debate exhaustivo artículo por artículo, basándose en el dictamen de la comisión que dirige y desechando cualquier alteración propuesta en el pleno.

En la Cámara Baja, se realizaron también cambios a los artículos 20 y 39, que habían generado controversia entre los sindicatos de choferes y habían desencadenado una amenaza de huelga en septiembre pasado.

Si bien el proyecto fue finalmente aprobado, ambos artículos sufrieron alteraciones respecto a lo que había sido originalmente aprobado por el Senado, aunque se conserva la figura del servicio público esencial para el transporte de pasajeros.

Servicio esencial y absorción de trabajadores

No obstante, modifica la versión del Senado, que pedía un funcionamiento mínimo de 70% en hora pico y 60% en horarios normales durante huelgas o paros. La versión de Diputados rebajó este mínimo a 60% en todos los horarios.

Asimismo, elimina la necesidad de una evaluación previa antes de la incorporación. Esta protección también se aplica en situaciones de cesión de concesión.

Otras modificaciones significativas aprobadas por Diputados

En el artículo 58, relacionado con la duración de las concesiones, Diputados fijó un rango de siete a quince años, mientras que el Senado solo contemplaba un máximo de quince. Se mantienen las evaluaciones periódicas cada tercio del contrato y la ventaja del 5% en licitaciones para los operadores mejor evaluados.

Eliminación de artículo que exoneraba tributo municipal

La Cámara Baja también realizó una modificación significativa al artículo 78, que en la versión del Senado exoneraba a los operadores del transporte metropolitano del tributo municipal que establece la Ley 620/76.

Este artículo incluía un mecanismo especial de cobro para municipios con más de cien mil habitantes. Diputados decidió eliminarlo completamente, suprimiendo tanto la exoneración como las reglas especiales para el cobro y transferencia de tasas municipales.

En cuanto a las formas de disposición de los bienes destinados al sistema, el Senado regulaba esto en el artículo 80, autorizando diferentes figuras contractuales como comodato, usufructo, leasing y fideicomisos. Diputados, al renombrarlo como artículo 79, mantuvo la mayoría de estas herramientas pero añadió explícitamente la figura del “encargo fiduciario”.

En lo que respecta a las sanciones, en el artículo 103, Diputados alteró la versión del Senado —que establecía multas entre 200 y 500 jornales— eliminando el piso mínimo y conservando únicamente el límite de 500 jornales. También se mantuvo la posibilidad de imponer multas calculadas como porcentaje, con un máximo del 100%, lo que proporciona mayor flexibilidad al Viceministerio de Transporte para aplicar las sanciones.

Además, se ajustaron los plazos de prescripción para el cobro de deudas. Mientras que el Senado, en su artículo 108, fijaba un plazo de seis años, Diputados redujo este periodo a solo dos años en el artículo renumerado como 107, disminuyendo considerablemente el tiempo disponible para reclamar judicialmente las multas impagas.

Objetivos del proyecto

El proyecto de ley busca establecer un nuevo sistema de transporte en un plazo de cuatro años, con concesiones que van de 7 a 20 años adjudicadas mediante licitación pública.

Este plan abarca flota, infraestructura, operación y servicios complementarios; el Estado comprará los autobuses y los pondrá a disposición de los operadores, priorizando unidades de bajas o cero emisiones y con una antigüedad máxima de 15 años.

La operación se organizará en “unidades funcionales”, reduciendo las actuales 36 líneas a unas 10 operadoras. Se contempla una integración tarifaria que permita realizar varios viajes con un solo pasaje, además de la licitación de patios, terminales, estaciones y servicios como gestión tecnológica, fiscalización e inspecciones.

El financiamiento será gestionado por un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por el billetaje electrónico y subsidios estatales, que pagará a los concesionarios y cubrirá los costos que no sean cubiertos por las tarifas. El Estado también prevé la adquisición de autobuses para el sistema.