Proyecto anticorrupción pone a prueba discurso oficialista
En medio de una crisis de credibilidad y crecientes escándalos en la función pública, la Cámara de Diputados debatirá este martes un proyecto que propone penas de hasta 25 años de cárcel para funcionarios corruptos. La ciudadanía exige rigor, pero el oficialismo cartista podría rechazar la iniciativa.
La Cámara de Diputados tratará este martes un proyecto de ley que propone endurecer significativamente las penas para los funcionarios públicos que incurran en hechos de corrupción. La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Centurión, apunta a reformar artículos clave del Código Penal y de la Ley 2523/04, con el objetivo de castigar con mayor severidad delitos como lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho pasivo, entre otros.
En un país donde los escándalos de corrupción se han multiplicado y donde las condenas siguen siendo casi inexistentes, la propuesta genera una fuerte expectativa ciudadana. Pero también expone una contradicción evidente: la bancada oficialista cartista, que suele enarbolar discursos de lucha contra la corrupción, podría rechazar el proyecto, según se desprende de los movimientos previos en comisiones y plenaria.
Una iniciativa concreta con reformas clave
El proyecto de ley plantea cambios puntuales al Código Penal y a la Ley 2523/04, buscando aumentar las penas privativas de libertad para los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Entre las principales modificaciones se propone:
-Elevar la pena de la lesión de confianza (artículo 192 del Código Penal) de un máximo de cinco años de cárcel a hasta 25 años, en casos agravados.
-Para el delito de exacción (artículo 312), se prevé subir la pena de hasta 10 años a un nuevo rango de 10 a 20 años.
-El tipo penal de asociación criminal (artículo 239), actualmente con una pena máxima de cinco años, pasaría a 10 a 15 años de cárcel.
-En el caso de quebrantamiento del depósito (artículo 298), se propone elevar la pena a un rango de 10 a 15 años.
-Para el cohecho pasivo (artículo 300), se establecerían penas de 5 a 8 años para funcionarios y de 5 a 10 años si el autor es juez.
-El cohecho pasivo agravado (artículo 301) subiría a 5 a 10 años para funcionarios comunes, y 10 a 15 años para jueces.
-El delito de prevaricato (artículo 305) aumentaría a 5 a 8 años en casos comunes y hasta 15 años en los agravados.
-En cuanto al enriquecimiento ilícito (artículo 3° de la Ley 2523/04), se plantea que la pena pase de un máximo de 10 años a un rango de 10 a 15 años.
-El tráfico de influencias (artículo 7°) sería castigado con 10 años de prisión cuando lo cometan particulares, 15 años cuando se ejerza ante magistrados o fiscales, y 20 años si el autor es funcionario público.
-Finalmente, la figura de administración en provecho propio (artículo 8°) tendría una pena de 15 a 25 años de cárcel.
Además de las penas privativas de libertad, el proyecto prevé sanciones accesorias como el comiso especial de bienes obtenidos ilícitamente, así como una cláusula que prohíbe a los funcionarios que dejaron el cargo trabajar en empresas privadas que hayan tenido contratos con el Estado durante su gestión, bajo sanción de multa.
Un contexto de escándalos y cero cárcel
El tratamiento de este proyecto ocurre en un momento especialmente sensible. En los últimos años, Paraguay ha enfrentado denuncias constantes de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, negociados en licitaciones, sobrefacturaciones y enriquecimiento ilícito de figuras públicas. Sin embargo, la gran mayoría de los casos terminan en impunidad, con procesos que se dilatan por años o que directamente no llegan a juicio. Las condenas efectivas, cuando existen, rara vez significan cárcel real para los responsables.
En ese marco, la propuesta de Centurión representa un intento de corregir lo que muchos consideran uno de los principales vacíos del sistema: la falta de consecuencias reales para quienes delinquen desde el poder.
La bancada oficialista bajo la lupa
Aunque el proyecto cuenta con un amplio respaldo ciudadano, los movimientos dentro del Congreso hacen prever que la bancada cartista, que responde al presidente Santiago Peña y al expresidente Horacio Cartes, podría rechazar la propuesta. La postura del oficialismo genera expectativa, ya que en discursos públicos reiteran su supuesto compromiso con la transparencia, pero en la práctica han bloqueado iniciativas similares en el pasado.
De concretarse el rechazo, el mensaje político será contundente: se prioriza el blindaje de figuras afines antes que el fortalecimiento del sistema penal contra la corrupción. Por eso, la votación de este martes es vista por muchos sectores como una prueba de verdad para los discursos anticorrupción.
La ciudadanía exige señales claras
Grupos sociales, movimientos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su respaldo al proyecto y su expectativa de que los legisladores se alineen con el clamor popular. La presión ciudadana se hace sentir principalmente en redes sociales, donde miles de personas denuncian la impunidad como uno de los principales males estructurales del país.
La consigna es clara: si los discursos contra la corrupción son reales, deben traducirse en leyes que castiguen con dureza a quienes roban desde el poder. Si no, será otra oportunidad perdida y una muestra más de que el Congreso sigue funcionando como escudo para los suyos.
FUENTE: El Nacional
