Moody’s analiza la calificación soberana del país asignada.
Una misión técnica de la calificadora de riesgo Moody’s está en nuestro país para llevar a cabo la revisión anual de la calificación soberana que se otorgó el año pasado, justo cuando el presidente Santiago Peña ha puesto en cuestión la seguridad jurídica para las inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Moody’s es la primera calificadora en asignarle a Paraguay el grado de inversión, mientras que Standard & Poor’s y Fitch Ratings lo mantienen a un paso de esa calificación, aunque las autoridades gubernamentales confían en que se logrará en el futuro cercano.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este miércoles que su titular, Carlos Fernández Valdovinos, junto con el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, se reunieron con analistas de Moody’s como parte de la revisión anual de la calificación soberana de Paraguay para 2025.
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Ministro destacó los avances
Se presentaron también los avances en la implementación de reformas estructurales y un nuevo paquete de diez leyes económicas destinadas a fomentar la inversión privada y modernizar el Estado, según el reporte del MEF.
Claridad legal para inversores
La líder de la delegación de Moody’s participó la semana pasada en la “Primera Convención Bancaria Py 2025”, donde abordó el tema de “atracción de inversiones y el papel de la banca en un mercado con grado de inversión”.
“Siempre hay que anticiparse al mercado y es esencial mantener claridad legal para los inversores en todos los lugares”, destacó Samar Maziad.
La evaluación de la calificadora internacional, liderada por Maziad, ocurre en un contexto donde el presidente de la República, Santiago Peña, cuestiona la seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, al ordenar el cierre temporal de la cadena Biggie, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), una acción sin precedentes en la historia del país.
Pronunciamiento de empresarios
La decisión de Peña afecta a 263 locales de la cadena situados en todo el país, que forman parte del Grupo Zuccolillo, el cual también incluye a ABC Color, crítico del gobierno de Peña; y a 5.300 empleados, a pesar de que las irregularidades supuestamente identificadas solo involucran a 12 establecimientos.
Los gremios empresariales se manifestaron al respecto, incluyendo el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), que señaló la “desproporcionalidad de la sanción en relación con las eventuales faltas cometidas”.
Destacó la “excepcionalidad” en la forma y los plazos en los que dichas instituciones actuaron “para imponer una sanción cuyos objetivos no son claros” y manifestó que “las recientes decisiones políticas y económicas minan la confianza, credibilidad, y la seguridad jurídica e institucional”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ricardo Dos Santos, afirmó que la sanción es desproporcionada en relación con las irregularidades reportadas y “genera todo tipo de dudas sobre la calidad de las decisiones y sobre la seguridad jurídica”.
