Médicos denuncian irregularidades del superintendente de salud y exigen destitución.
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En el marco de la controversia que se generó entre Roberto Melgarejo y el diputado Guillermo Rodríguez durante la conferencia de prensa de la Superintendencia de Salud, sobre el operativo “Ñemboty”, que llevó al cierre de unas 45 clínicas que operaban de manera irregular, el Círculo Paraguayo de Médicos emitió un comunicado público solicitando la destitución de Melgarejo y reiteró la denuncia presentada contra el Superintendente de Salud ante el Ministerio Público.
Asimismo, denunciaron que el nombramiento de Roberto Melgarejo es también ilegal, dado que tras finalizar el mandato de Ignacio Mendoza, el actual jefe de la Superintendencia de Salud fue designado como interino mediante un decreto presidencial, en clara violación de la Ley N.° 2319/2006.
“El Círculo Paraguayo de Médicos solicita respetuosamente: al Señor Presidente de la República, quien es responsable del decreto que otorgó un interinato ilegal; a la Señora Ministra de Salud, quien mantiene en funciones a quien fue descalificado del concurso por fraude; y al Poder Judicial, que debe pronunciarse sobre la falsificación denunciada, para que se proceda a sanear la Superintendencia de Salud, restaurando la legalidad institucional y combatiendo la corrupción estructural que perjudica gravemente la salud pública del Paraguay”, aseguran.
Controversia durante la conferencia de prensa
Frente a esta interpelación, Roberto Melgarejo tuvo un intercambio acalorado con Rodríguez, acusándolo de ser un mentiroso y afirmando que la Fiscalía desestimó la causa meses atrás. Decidió suspender la conferencia de prensa en la sala designada y se trasladó con los periodistas a su oficina, donde prohibió el ingreso del diputado y añadió que este debería enfrentar un juicio político.
Denuncian que, a pesar de la ilegitimidad de su posición y de haber sido descalificado del concurso por fraude, el doctor Melgarejo continúa en el cargo de interino, apoyado políticamente por la Ministra de Salud y, consciente o no, con la aprobación del Presidente de la República, lo que genera una doble irregularidad e ilegalidad.
