Mafia de pagarés: Fiscalía acusa a 61 por irregularidades.

Por el delito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, se encuentran acusados los oficiales de justicia: Fernando Iván Reyes Pérez (30), Melissa Analía Talavera Talavera Bogado (29), Alicia Irene Ferreira Melgarejo (43), Héctor Manuel Noguera Florentín (53) y Stella Solans Lezcano Colmán (33).

Además, fueron acusados los abogados que representaron a las casas de cobranzas: Ángel Aníbal Cino Isnardi (58) (Nexo SA); Gabriela María Vespa Centurión (29) (Sistemas de Cobranzas SA); José Manuel Fuster Castellano (53) (Bristol SA); Gabriel Darío Ojeda González (45) (Credi Clave); Leticia Soledad Núñez Cáceres (37) (Cumplo SA); Lourdes Rocío Aranda Benítez (55) (Aureus SA) y Diana Belén Molinas Macchi (33) (Global Enterprises Paraguay SA).

Juzgado de Paz de “La Recoleta”

El ex juez de Paz del distrito de “La Recoleta”, Víctor Nilo Rodríguez Acosta (45), también enfrenta acusaciones por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autor. Tras iniciarse el proceso en su contra, renunció a su cargo de magistrado y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia en sesión ordinaria del 11 de junio de 2025.

La conducta de estos individuos se clasifica como autores del uso de documentos públicos de contenido falso y como instigadores de prevaricato.

Asimismo, fueron acusados los ujieres notificadores: Fernando Cáceres González (44) e Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg (33). También están acusados los actuarios judiciales Gloria Morínigo Gill (53) y Rosa del Pilar Lezcano Correa (47), así como los oficiales de justicia Hugo Ignacio Lafuente (45) y Patricia Adriana Parodi Cantero (46).

Acusados del Juzgado de Paz de “La Catedral”

También fue acusada la jueza de Paz del distrito de “La Catedral” Segundo Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino (41) por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autora en ambos casos.

Asimismo, por sus presuntas acciones dentro del esquema de la “mafia de los pagarés”, se encuentran acusados los ujieres notificadores Mariam Adelaida Ortíz Aquino (29), Alfredo Samudio (28) y Édgar Fabián Ayala Melo (28); así como los actuarios judiciales Olivia Asunción Mosqueda Núñez (44) y Pablo Cabrera Irigoitia (29).

También fueron acusados los oficiales de justicia Lucio Renato Sosa Cáceres (33), Oscar Fernando Rivela Gregor (44) y Cristian Daniel Martínez Meaurio (33).

Adicionalmente, los abogados que iniciaron demandas en representación de las casas de cobranzas acusados son: Sun Yung Bang (47) (Plan Urbano SA); Carlos Neffa Persano (45) (Gestiones y Cobranzas SA); José Ignacio Olmedo Lansac (46), Juan Alberto Bogado (41) y César Rubén Bogarín Alen (54), siendo estos últimos tres representantes de CARSA, donde Olmedo Lansac también es presidente.

Involucrados del Juzgado de Paz de “San Roque”

Los agentes fiscales formularon acusaciones contra Liliana González de Bristot (53) por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autora. Ella se desempeñó como jueza de Paz del distrito de “San Roque”, hasta el 5 de marzo de 2025, momento en el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia al cargo.

También fueron acusados por hechos punibles contra la prueba documental y prevaricato el ujier notificador Heber Hernán Cardozo Areco (29); así como los actuarios judiciales Miguel Ángel Rolón Recalde (36), Gloria Mariel Martínez Portillo (34) y Liz Mabel Ortiz Báez (36); al igual que los oficiales de justicia Héctor Manuel Noguera Florentín (52); Oscar Daniel Frutos Meza (35); Paola Laura Vargas Rodríguez (23).

Además, se acusó a varios abogados que promovieron acciones preliminares de juicios ejecutivos u ordinarios para el cobro de guaraníes de personas que eran deudoras de las firmas que representaban.

Entre estos profesionales del derecho se mencionan a: Cynthia Raquel Gaona Acuña (34) (Litoral Trading SRL); Carlos Agüero León (52) (LAB SA); Ángel Aníbal Cino Isnardi (58) (Nexo S.A.); Gerardo Stockel Duartel (61) (Nexo S.A.); Fátima Viola Ojeda González (37) (Mi Paraguay SA); Eliana Marcela Rodríguez Paredes (33) (CARSA); Marta Martinessi Culzoni (69) (Chacomer SAE); Mario Gabriel Rojas Ayala (30) (cooperativa San Cristóbal); Pedro Adolfo Olmedo Cano (63) (Serfin SA) y Félix Oscar Gill Stumpf (68) (de Cobranzas Eficientes y Oportunas SA).

Pidieron salidas procesales para cinco

Por otro lado, los representantes del Ministerio Público solicitaron salidas procesales para otras cinco personas. Una de ellas es el ujier notificador del Juzgado de Paz de “San Roque”, Líder Rodrigo Benegas Cristaldo, procesado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, para quien pidieron la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.

También se solicitó la suspensión condicional del procedimiento para los ujieres asignados al Juzgado de Paz de “La Encarnación”, bajo la supervisión de Carmen Analía Cibils Miñarro, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera.

Finalmente, para el abogado Roger Alejandro Medina Quintana, se pidió el sobreseimiento definitivo. Según fuentes, esta solicitud se fundamenta en que durante la investigación se verificó que inició la demanda, pero se descartó que haya utilizado notificaciones voladoras, ya que no intervino en los juicios, lo hizo otra abogada.

En cuanto a los ujieres notificadores, la petición de suspensión condicional se plantea porque habrían colaborado activamente con el Ministerio Público, proporcionando información sobre el esquema utilizado por los acusados y los cuales, con el avance de la investigación, pudieron ser corroborados.