Mafia de pagarés: BNF favorece empresa privada sobre clientes.
El esquema, que operó durante varios años sin control, impactó principalmente en funcionarios públicos, especialmente docentes y miembros de la Policía Nacional, que recibían sus salarios mediante depósitos en cuentas del BNF.
“En cualquier banco, si tienes la intención de comprar algo y autorizas a esa empresa a que te descuente de tu tarjeta de crédito, de débito, o lo que sea, eso es una transacción normal. Una cosa es cualquier cuenta y otra cosa es la cuenta de salario, que tiene características especiales”, explicó el senador.
Descuentos obligatorios del BNF
“Les solicitamos que trabajen en esto, pero no hubo respuesta. Denunciamos el asunto ante el Banco Central y la superintendencia de bancos. A pesar de que la superintendencia emitió un reglamento, este no se cumplía; las víctimas de esta trama que acudían al Banco de Fomento enfrentaban diversas dificultades”, narró.
Propuesta de ley de oficios
Entre varios proyectos de ley presentados tras el inicio del debate público sobre el caso de “La Mafia de los Pagarés”, Filizzola resaltó uno que establece que ante la pérdida de un pagaré o expediente, el juez debe encargarse de la reconstitución del expediente.
“Creamos una ley que ya cuenta con media sanción, pero que actualmente está en la Cámara de Diputados, donde se estipula que si el expediente no se reconstituye en cinco días, el trámite continúa, se levantan los embargos y se devuelve el dinero en esencia”, indicó.
“Un caso que conocemos es el de un docente de Bahía Negra que compró un colchón y le cobraron G. 50 millones. Eso es maldad pura y crueldad. Se llevan todo. No solo es que te embargan, es que además ya no te pagan tu sueldo”, lamentó.
Despojo de tierras en Carmelo Peralta
El director del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, compareció en la Cámara de Senadores para abordar las denuncias en su contra por la transferencia de tierras adyacentes al puente del Corredor Bioceánico.
Las acusaciones se refieren a la entrega de tierras por un poco más de G. 500.000 por hectárea a tres particulares, tierras que eran reclamadas por la Dirección de Aduanas, bajo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El senador Filizzola mencionó que Francisco Ruiz Díaz presentó un informe donde se habla de un negocio que ronda entre US$ 180 millones y US$ 200 millones.
“Los documentos que me enviaron indican que las tierras en Carmelo Peralta fueron expropiadas por Stroessner mediante un decreto en el 86, pero que a través de este decreto se podía actuar conforme a la Constitución del 40, aunque el parlamento debía ratificarlo al asumir funciones, lo que significa que podría haber sido anulado”, aclaró.
Aunque no quiso apresurarse, comentó que según los documentos que posee, la expropiación de las 180.000 hectáreas realizada por Stroessner es nula, ya que la Constitución del 67 no lo permite, lo que implicaría que el Indert estaría vendiendo propiedades que quizás ni siquiera están tituladas a su nombre.
“Entiendo que él pretende indicar que hay otras 90.000 hectáreas que el Indert trató de adquirir posteriormente, pero fueron compradas por otros. Por lo tanto, esas propiedades que antes no tenían valor, hoy podrían valer entre US$ 50 millones, US$ 100 millones o US$ 150 millones, lo cual podría constituir un negociado”, expresó.
Agregó que Ruiz Díaz podría estar enfrentando un proceso por lesión de confianza, dado que no puede afirmar que desconoce al empresario naviero Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, uno de los favorecidos con 29 hectáreas.
“Es un irresponsable, que no supo explicar nada en la sesión en que estuvimos presentes, solo decía ‘no sé, no lo conozco’. Considero que debe ser investigado por lesión de confianza. Le comenté a los colegas: ‘¿qué interpelación? A este debemos denunciar penalmente’”, concluyó.
