Este lunes festivo, el senador Iván Cepeda llevó a cabo una estrategia política al convocar una conferencia de prensa para anunciar que interpondrá una denuncia penal contra su rival en la segunda vuelta presidencial, el abogado penalista Abelardo de la Espriella. Cepeda solicitó a la Fiscalía que investigue a De la Espriella por cinco delitos relacionados con el sistema de salud colombiano. Esta es la segunda ocasión en menos de una semana en que Cepeda intenta esta jugada, en el contexto de la intensa campaña electoral que se aproxima a su cierre con las votaciones de este domingo.
La estrategia de Cepeda refleja la creciente judicialización de la política en Colombia, un fenómeno que ha caracterizado la carrera electoral, donde no solo el partido gobernante ha utilizado estas tácticas, sino también los partidos de extrema derecha. La decisión de Cepeda de llevar el conflicto a la esfera judicial pone de manifiesto el clima tenso en el que se desarrollan las elecciones, donde las acusaciones y los procesos legales se convierten en herramientas relevantes para ganar apoyos y desgastar al adversario.
La denuncia de Cepeda busca no solo alertar sobre estos presuntos delitos, sino también influir en la percepción pública en una fase crucial de la campaña. Esta dinámica ejemplifica cómo la política colombiana recurre a las confrontaciones legales como parte de su estrategia electoral, reflejando un escenario en el que los límites entre lo político y lo judicial se desdibujan.
