Jueza acusada en «mafia de los pagarés» denuncia fiscales.
La jueza de Paz de La Catedral 2° Turno Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, involucrada en el caso de la «mafia de los pagarés», ha presentado una denuncia contra los fiscales encargados de la investigación, acusándolos de presunto prevaricato y otros delitos. En su denuncia, la magistrada sostiene que los funcionarios del Ministerio Público han vulnerado los derechos al debido proceso, poniendo «en riesgo» una causa que es emblemática.
En el documento de la denuncia, la magistrada solicita que se lleve a cabo una investigación contra los funcionarios del Ministerio Público por presunto prevaricato, alteración de datos y coacción en relación a las declaraciones, además de haber divulgado información sobre hechos en investigación a terceros, presentando a los imputados como culpables y cometiendo otros delitos durante la investigación mencionada.
Además, menciona que los fiscales publicaron procesos de allanamiento y proporcionaron información sobre procedimientos a los medios de comunicación, lo que generó una “conciencia social negativa” contra la administración de justicia, violando el debido proceso y la presunción de inocencia, según se detalla en parte de la denuncia.
La magistrada pide al fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández que ordene la apertura de una investigación, forme un equipo fiscal, ejecute el allanamiento de las unidades fiscales a cargo de los funcionarios denunciados y realice un peritaje de los teléfonos celulares de los agentes del Ministerio Público.
Supuestas maniobras en la “mafia de los pagarés”
Concretamente, la jueza de Paz de La Catedral afirma que la fiscal Belinda Bobadilla “se limitó a omitir hechos concretos denunciados y a las víctimas que acudieron en masa pidiendo ayuda, sin ser siquiera escuchadas; simplemente se apartó del hecho que generó competencia de UDEA, que es un indicio de enriquecimiento ilícito.”
Nathalia Guadalupe Garcete Aquino también hace hincapié en que la agente del Ministerio Público, quien coordina el equipo fiscal que lleva la investigación, actualmente está buscando un acuerdo con las víctimas para excluir el hecho punible de enriquecimiento ilícito y sostener únicamente el tipo penal de prevaricato, que según la denunciante, “prácticamente no tiene pruebas”.
