Incan investiga denuncia por irregularidades en medicamentos comprados.
Camilo Benítez, contralor general de la República, afirmó que, debido a las múltiples irregularidades encontradas en el Incan y el Ministerio de Salud en la compra y distribución de medicamentos oncológicos, están considerando presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Destacó, sin embargo, que sería poco probable no remitir la denuncia en el caso de la adquisición de medicinas para un paciente que ya ha fallecido.
El informe, que consta de 235 páginas, menciona diversas irregularidades. Por ejemplo, algunos fármacos con un valor de G. 5.497.255.313, equivalentes a US$ 746.909, llegaron a su fecha de vencimiento sin ser utilizados. También se señala que Salud Pública no suspendió la compra de un medicamento por G. 1.368.984.000 (aproximadamente US$ 186.003), a pesar del fallecimiento de la paciente que debía recibirlo a través de un amparo judicial. Además, la medicina fue adquirida y luego también dejada vencer, sin ser entregada a otro paciente.
Otro aspecto cuestionado por la Contraloría es la entrega o distribución de medicamentos a servicios privados, como el Centro Médico Oncológico Nuestra Sra. de la Asunción, que recibió fármacos del Incan por un valor de G. 1.763.186.510, equivalentes a US$ 239.563. Se mencionan otros establecimientos, como el Centro Médico Integral – REVITA (dirigido por Raúl Doria, exdirector del Incan), Sanatorio San Roque SRL, La Costa, Centro Médico Bautista, Sanatorio Migone y IPHIC.
Incan: La Contraloría evalúa denuncia ante la Fiscalía
Dada la magnitud de los montos indicados en el informe de auditoría y el significativo daño que esto representa para la salud pública, desde la Contraloría General de la República han indicado que están considerando presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El contralor general Camilo Benítez comunicó a ABC que están evaluando la posibilidad de presentar una denuncia penal, aunque aclaró que aún es prematuro confirmar si se enviará el caso al Ministerio Público, ya que el informe de auditoría se emitió la semana pasada y aún se están llevando a cabo reuniones al respecto.
De acuerdo con la suma total de las observaciones relacionadas con la caducidad de medicamentos, compras de fármacos realizadas a través de gastos judiciales a pesar de estar en la lista de insumos esenciales, entrega de costosas drogas a servicios privados y al Instituto de Previsión Social (IPS) sin un acuerdo de devolución, así como obligaciones de pago no registradas, la pérdida para el Incan y la salud pública podría ascender a aproximadamente US$ 58 millones.
