Impulsan proyecto para elevar penas para funcionarios corruptos: hasta 25 años de cárcel
El diputado colorado Daniel Centurión presentó un proyecto de ley que propone una profunda reforma del Código Penal, con el objetivo de aplicar sanciones mucho más severas a los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
La iniciativa plantea modificar varias figuras penales existentes, incrementando las penas actuales y creando mecanismos adicionales de control, inhabilitación y decomiso de bienes ilícitos.
El parlamentario argumenta que la corrupción no solo representa una falta administrativa o un delito económico, sino que constituye un atentado directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sostiene que este flagelo alimenta al crimen organizado y erosiona la calidad de los servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la seguridad. A su criterio, las consecuencias son tan graves que deberían ser tratadas al mismo nivel que los crímenes de lesa humanidad.
El proyecto plantea elevar la pena de prisión por «lesión de confianza» hasta 25 años cuando el autor sea un funcionario público y se trate de casos de especial gravedad. Para el delito de exacción, se establece un rango que va de 10 a 20 años. En cuanto al delito de asociación criminal, la condena pasaría de un máximo de cinco años a un nuevo tope de 15 años para quienes ejerzan funciones públicas.
Otras figuras penales también sufrirían modificaciones importantes. El quebrantamiento del depósito, actualmente penado con hasta dos años de cárcel o multa, podría pasar a castigos de entre 10 y 15 años si el implicado es un servidor del Estado. El cohecho pasivo, tanto en su forma básica como agravada, recibiría incrementos en la escala penal, estableciendo condenas más duras para funcionarios y jueces que incurran en el delito.
El proyecto también apunta al prevaricato, que podría alcanzar hasta 15 años de prisión en los casos más graves, muy por encima del máximo actual. Igualmente, se propone endurecer la Ley 2523/04 que sanciona el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. En este marco, las penas para enriquecimiento sin justificación aumentarían hasta 15 años, y las vinculaciones irregulares con empresas contratistas del Estado podrían costar hasta 25 años de cárcel al funcionario infractor.
La propuesta contempla, además, el decomiso especial de bienes obtenidos mediante prácticas corruptas y establece inhabilitaciones posteriores al ejercicio del cargo. Uno de los artículos prevé que cualquier funcionario que haya intervenido en contrataciones públicas será sancionado si, dentro del año siguiente a la firma del contrato, asume funciones dentro de la empresa beneficiaria.
Centurión expresó que el objetivo central de esta reforma es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del país, demostrando que los delitos contra el interés público tendrán consecuencias reales y contundentes.
