Fiscalía impugna decisión que permite libertad de hijo de RGD.

Con esta resolución, el tribunal de alzada dio lugar al recurso presentado por la defensa del hijo del usurero luqueño Ramón González Daher, revocando así la decisión de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien había denegado la promoción al periodo de prueba del condenado a 5 años de prisión por lavado.

En este sentido, Beckelman argumenta que no solo hubo una aplicación incorrecta de las normativas establecidas por los órganos legislativos y judiciales, quienes evaluaron cómo se logra la reintegración del individuo que ha perturbado la paz social y el tiempo que debe cumplir para lograr cambiar dicha conducta, sino que parece que el Tribunal de Apelaciones «desconociera el método que el Estado ha regulado para la ejecución de la pena».

“Si adoptamos esta postura, la ejecución de la pena se limitaría a una mera privación de libertad sin otro propósito que el aislamiento del que rompió el orden social”, señala una parte de la argumentación del documento de acción de inconstitucionalidad presentada por la representante del Ministerio Público.

El hijo de RGD debe finalizar el tratamiento, según la Fiscalía

La fiscala de Ejecución también menciona en su acción que el fallo del Tribunal de Alzada infringe o ignora, en detrimento de la seguridad social, el procedimiento de ejecución de la pena previsto por el sistema de ejecución; considerando que actúa de forma “incongruente y arbitraria”.

Señala además que en el caso de Fernando González Karjallo, sin una evaluación del periodo de tratamiento, como había dispuesto la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, no se puede concluir que el condenado tenga el grado de confianza necesario para reducir las restricciones, sin estar preparado para someterse a la prueba.

Víctimas de usura de RGD temen impunidad

Las víctimas de usura del clan González Daher advierten que la resolución de la Cámara de Apelaciones que concedió a Fernando González Karjallo la promoción al período de prueba, “es un paso más hacia la impunidad”, considerando que el condenado a 5 años de prisión enfrenta acusaciones junto a su esposa Carolina González y su madre, Delcia Karjallo, por presunto lavado de dinero originado en el esquema de usura.

En este contexto, sostienen que el Código de Ejecución Penal establece que para la concesión de salidas transitorias o la inclusión en el régimen de semilibertad, se requiere haber cumplido al menos la mitad de la pena, no tener causas pendientes ni condenas abiertas, mantener buena conducta y recibir, por parte del organismo técnico-criminológico y del consejo asesor del establecimiento, un concepto favorable en relación a su evolución y sobre el impacto positivo que la salida o el régimen de semilibertad podría tener en su futuro personal, familiar y social.

Respecto a la conducta de González Karjallo, recuerdan que en enero de este año, durante una inspección en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, se encontraron en su celda teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, lo cual es totalmente incompatible con la buena conducta que exige la normativa, según advierten las víctimas del clan.