Estafa y lesión de confianza en Cooperativa Luque, Fiscalía indica.
27 de noviembre de 2025 – 06:00
La Fiscalía ha imputado a ex directivos de la Coop. Luque Ltda en el contexto de una investigación sobre un supuesto desfalco de G. 12.000 millones mediante estafa utilizando sistemas informáticos. Entre los imputados se encuentra el concejal Diego Romero, quien ayer lanzó su precandidatura a la intendencia de esta ciudad.
Esto surge a raíz de una serie de irregularidades administrativas, financieras y contables en la Cooperativa Multiactiva Luque Ltda, afectando tanto a miembros del Consejo de Administración como de la Junta de Vigilancia durante los periodos 2023 y 2024.
Imputados del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Según el documento, los imputados del Consejo de Administración son: Edert Eduardo Falcón Orué (presidente) durante los periodos 2023 y 2024, Roberto Osmar Pont Núñez (vicepresidente), Juan Arnaldo Moreira Gómez (Tesorero), Derlys Viveros (Pro Tesorero), Elvira Martínez (secretaria), Miguel Mancuello Ozuna (Pro secretario), Diego Jesús Romero (vocal), Francisco Peralta (vocal) y Javier Marecos (vocal). Por lo que respecta a la Junta de Vigilancia, los imputados son: José Leguizamón, Carlos Ramón Da Silva, Luz Pamela Aquino, Crystel Traversi y Aníbal Miranda.
Antecedentes del caso Cooperativa Luque
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La fiscalía ha determinado que los mencionados han incurrido en diversas irregularidades administrativas, financieras y contables que configurarían los delitos de lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos.
Precandidato a intendente entre los imputados
A pesar de que la denuncia continúa su curso, llama la atención la rapidez del proceso y que la imputación se haya dado justo horas antes del lanzamiento de la precandidatura del concejal Diego Romero, quien aspira a dirigir la intendencia de la ciudad por el movimiento Añeteté.
Por otro lado, socios de la Cooperativa Policial Poravoty Ltda (en liquidación) esperan con paciencia alguna acción de la Justicia ante un desfalco de más de G. 290.000 millones (US$ 35 millones) por parte de ex directivos, lo que les impide recuperar sus ahorros.
