Denuncian pedido «tragicómico» de Nenecho sobre informe de desvío.
El Tribunal de Cuentas desestimó ayer la medida cautelar que Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), exintendente de Asunción, buscaba para suspender los efectos del examen de la Contraloría que el año pasado confirmó el desvío de G. 500.000 millones de los bonos G8 y G9. Este examen fue la base de la solicitud de intervención de la comuna, que culminó con la renuncia del intendente. El abogado Ezequiel Santagada tildó de “tragicómicos” los argumentos de la Municipalidad.
Las magistradas Stella Maris Zárate, María Celeste Jara y Elizabeth Fernández Cattebeke declararon improcedente la intención de anular las observaciones y conclusiones del informe. Para el Tribunal, el proceso carecía de validez, ya que el objeto de la demanda no era una resolución administrativa que afectara derechos preestablecidos.
Entre los argumentos presentados por la administración de Rodríguez se mencionaba un supuesto “grave perjuicio patrimonial“ para la institución. La comuna alegaba que el informe de la CGR, al mencionar la existencia de “gastos no justificados«, desalentaba “a los contribuyentes en el pago de los tributos“. Además, argumentaron un supuesto daño a la imagen institucional, atribuyendo al informe una «mala campaña publicitaria contra el fisco municipal».
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Argumentos “tragicómicos”, afirma abogado
Sospechosos mensajes
El 3 de julio de 2024, dos días después de que la Contraloría anunciara el lapidario informe contra la gestión de Nenecho, Óscar Rodríguez Kennedy, padre del exintendente, envió un inusual mensaje por error a un grupo de WhatsApp. En él, Rodríguez Kennedy, en ese momento camarista, afirmaba: “Infinitas gracias. Ese dictamen no es vinculante. Hace ya 10 días acudimos al Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Hoy planteamos el incidente de prejudicialidad”.
Desde el Poder Judicial confirmaron que días antes, la Segunda Sala había admitido el ingreso de un proceso iniciado por la Municipalidad, con la que Rodríguez habría buscado escudarse para eludir la entrega de informes a la CGR, argumentando que los documentos ya estaban en el Tribunal de Cuentas.
Las sospechas aumentaron considerando los vínculos de los miembros del tribunal con el sector político del exintendente. Edward Vittone Rojas, exasesor jurídico de la Municipalidad y esposo de Myriam Paredes, quien era directora de Contraloría Interna en la gestión de Rodríguez, optó por inhibirse.
Intervención y renuncia de Nenecho
Finalmente, la intervención a su gestión se concretó este año y Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó su renuncia el viernes 22 de agosto, minutos antes de la divulgación del contundente informe final del interventor Carlos Pereira, ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo. “Nenecho” enfrenta ahora, al menos, 8 procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro”.
El informe de Pereira confirma que mediante “terribles prácticas ilegales”, como el uso de una “cuenta única”, se desviaron en total G. 512.000 millones de bonos destinados a obras. El dinero fue derrochado en salarios y otros gastos corrientes, incluyendo la compra de lomito para los funcionarios. Al abandonar su cargo, Rodríguez presentó una burlesca declaración jurada con un incremento patrimonial de apenas G. 141 millones en casi 4 años de gestión.
Del informe se desprenden elementos que sugieren el uso de recursos, materiales y humanos de la comuna en apoyo a la campaña electoral de la esposa del exintendente, Lizarella Valiente, quien en 2023 llegó por primera vez al Senado. Esto incluiría la refacción de su Puesto de Comando, el uso de vehículos municipales y gastos de propaganda, según denuncias recibidas por el concejal Pablo Callizo (PPQ).
El informe también indica el despilfarro de los fondos de los bonos a través de transferencias de “caja chica” a personas cercanas al exintendente, con un aumento sospechoso coincidiendo con épocas electorales. También hay evidencias de una operación para “descongelar” una deuda y liberar G. 16.000 millones, también en pleno proceso electoral.
