Contraloría confirma fracaso del acueducto Chaco: despilfarro y sequía.
En esta ocasión, no por anuncios oficiales ni promesas de reactivación, sino a causa de un devastador informe de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de 167 páginas de la Contraloría General de la República (CGR), cuyos antecedentes ya fueron enviados al Ministerio Público, que investiga posibles delitos, involucrando a los exministros de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens, y en su fase más reciente, a Rodolfo Segovia.
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Un proyecto sin estudios, sin controles y sin agua
A esta falencia se sumó la ausencia total de auditorías internas durante los años críticos de ejecución. El ente contralor subrayó que entre 2012 y 2022, el MOPC no llevó a cabo controles internos del proyecto ni del programa de saneamiento financiado por préstamos y cooperación internacional. Esta falta de supervisión impidió detectar a tiempo desvíos técnicos, financieros y contractuales.
Para la CGR, los resultados son evidentes: durante las verificaciones in situ realizadas entre noviembre y diciembre de 2023, los tanques de almacenamiento y centros de distribución de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia estaban vacíos. En algunos casos, hacía más de un año que no llegaba una sola gota de agua desde Puerto Casado.
Los relatos de las comunidades al equipo auditor son desgarradores, ya que recurren a tajamares y, en algunos casos, deben pagar montos significativos para acceder al líquido vital. Se constató, por ejemplo, que el tanque de almacenamiento de agua en Neuland presentaba fisuras, lo cual se relaciona con la falta de abastecimiento y con déficits en el mantenimiento necesario.
Plazos inflados, ampliaciones ilegales y cero penalidades
Los datos son contundentes. El MOPC otorgó una ampliación de 498% al Consorcio ABH – TAIVO – CONSTRUCTA, 446% para el Consorcio PS y 88% para CDD Construcciones S.A., responsables de la primera etapa. A pesar de estos retrasos extremos, el MOPC no impuso penalidades ni ejecutó garantías de fiel cumplimiento con rescisión de contratos.
El costo total del acueducto (primera y segunda etapa) aumentó de G. 512.029 millones a G. 652.990 millones al cierre de 2022, lo que representa un incremento de más de G. 140.000 millones. Todo esto, sin que el objetivo central del proyecto —proporcionar agua potable a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables— se haya cumplido.
Empresas sin visitas técnicas, fiscalización ignorada y advertencias desoídas
El informe también revela que varias empresas adjudicadas no comprobaron haber realizado las visitas técnicas obligatorias requeridas en los pliegos de bases y condiciones. Estas visitas eran esenciales para que los oferentes entendieran el terreno, las condiciones operativas y el verdadero alcance de las obras.
La carencia de estas constancias plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos licitatorios y la idoneidad de las ofertas presentadas. Además, en al menos un caso, el MOPC firmó contratos antes de que se cumpliera el plazo legal para la presentación de protestas, limitando el derecho de otros oferentes a impugnar la adjudicación (contrato de CDD Construcciones).
Un punto especialmente crítico es que el MOPC desoyó las recomendaciones de rescisión contractual planteadas en 2018 por la consultoría que fiscalizaba el proyecto, contratada por G. 7.000 millones. A pesar de los reiterados incumplimientos del Consorcio PS, la cartera de Obras Públicas decidió permitir la continuidad del contrato.
Esta decisión no solo contradijo cláusulas contractuales claras, sino que viciaba el papel de la fiscalización externa, convirtiéndola en un trámite costoso sin consecuencias reales.
Traspaso irregular a la Essap
En 2020, el MOPC trasladó la administración del acueducto a la ESSAP S.A. sin que las obras estuvieran finalizadas ni recibidas formalmente, infringiendo el convenio de entrega y recepción. Esta maniobra creó un escenario de responsabilidades cruzadas, donde ninguna institución asume plenamente el estado actual del sistema.
La CGR advierte que esta irregularidad complica la determinación de quién debe responder por las fallas técnicas, el mantenimiento inexistente y la escasez de agua.
El informe de la Contraloría no deja espacio a dudas sobre el fracaso del Acueducto del Chaco como política pública. La obra no cumple su propósito, los recursos se ejecutaron sin controles adecuados y las comunidades siguen esperando el agua prometida.
Ahora, la responsabilidad recae en la Fiscalía, que debe definir si este conjunto de irregularidades se traduce en hechos punibles o si, una vez más, el mayor fracaso de infraestructura del Chaco quedará atrapado en la impunidad administrativa. Mientras tanto, en el Chaco Central, el agua sigue sin llegar.
El agente fiscal de la Unidad Penal Nº 9, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Lionel Piñánez García, está investigando una posible lesión de confianza y afirmó que la Essap realizó reparaciones de la obra desde septiembre de 2024 y su rehabilitación parcial con capacidad reducida desde marzo de 2025.
