Choferes inician huelga hoy; 100,000 usuarios afectados.

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16 de diciembre de 2025 – 03:00

Después de que fracasara la reunión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos de choferes confirmaron una huelga de 48 horas comenzando este martes, 16 de diciembre. Esta decisión generó acusaciones entre el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y los gremios, quienes denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto de reforma y culparon al Gobierno por la huelga. Solo tres líneas (15, 21 y 23) avisaron sobre la medida dentro del plazo legal de 72 horas, lo que podría llevar a la suspensión de la protesta si las demás se suman fuera de tiempo.

La reunión tripartita incluyó a representantes del Viceministerio de Transporte (VMT), el MTESS y de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT). Sin embargo, no se logró un acuerdo que permitiera levantar la medida de protesta.

La resolución en cuestión se basa en la Ley N.º 7445/2025 «De la Función Pública y del Servicio Civil», cuyo artículo 47 permite a la administración determinar, a través de una resolución fundada, otros servicios imprescindibles cuya interrupción pueda representar un riesgo significativo para la comunidad. En este contexto, mediante la Resolución MOPC N.º 1079/2025, se declara el transporte público de pasajeros como un servicio público imprescindible, lo que implica que, en caso de una huelga, se debe garantizar el funcionamiento del servicio.

Los usuarios ya sufren por la falta de buses.

Consecuencias sociales y falta de un plan concreto de contingencia

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, cuya renuncia piden los sindicatos, expresó su decepción por la falta de atención al interés público y comentó que la huelga “perjudica directamente a la población en un mes especialmente crítico”. Afirmó que los reclamos sindicales fueron considerados durante el proceso de creación de la ley de reforma del transporte, actualmente en fase de promulgación por parte del ejecutivo, y defendió la constitucionalidad de la regulación del servicio mínimo, citando la Constitución Nacional y los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

En conferencia de prensa anunciaron que no hubo acuerdo y que van a la huelga.
En conferencia de prensa anunciaron que no hubo acuerdo y que van a la huelga.

Sindicatos alegan inconstitucionalidad y acusan al Gobierno

Fetrat, Gerardo Giménez, rechazó de manera contundente los argumentos del viceministro Fernández y afirmó que la reforma infringe la Constitución Nacional y convenios internacionales. Aseguró que el transporte público no es un servicio imprescindible, según lo definido por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y acusó al Gobierno de imponer una ley “en contraposición a la Constitución”.

Giménez atribuyó directamente la responsabilidad de la huelga al viceministro de Transporte y afirmó que los trabajadores agotaron todas las instancias de diálogo. Reiteró además la solicitud de destitución de Fernández y el veto parcial a los artículos 20, 39 y 45 de la ley de reforma, que —de acuerdo a los gremios— amenazan la estabilidad laboral de miles de choferes.

Acusó al viceministro Fernández de “mentir” y de distorsionar el proceso de diálogo y socialización de la reforma. “Valoro mucho en este momento el coraje del viceministro Fernández. Su cinismo para mentir, y esta vez está mintiendo el señor”, destacó.

El Ministerio de Trabajo podría anular la medida

Por otro lado, el viceministro de Trabajo, César Segovia, indicó que el ministerio cumplió con su función de mediación, pero que “desafortunadamente no se pudo alcanzar un acuerdo”. Mencionó que solo tres sindicatos notificaron su adhesión a la huelga dentro del plazo legal de 72 horas, lo que podría generar problemas de legalidad para la medida.

Agregó que el ministerio está considerando, aunque sin una decisión aún, la posibilidad de anular la medida. Esto se debe a que hasta el final del plazo legal de 72 horas establecido en el Código Laboral, solo tres líneas de transporte formalizaron su adhesión a la huelga: las líneas 15, 21 y 23. El resto de las empresas y sindicatos que anunciaron su participación lo hicieron fuera del tiempo establecido, lo que —según Segovia— podría interpretarse como una debilidad formal de la medida de fuerza.

El viceministro recordó también que la normativa sobre servicios imprescindibles ha estado en vigor por más de dos décadas y advirtió que, si la huelga se declara ilegal, la ley prevé incluso la desvinculación de trabajadores sin indemnización.


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