Captura internacional ordenada para presunto narcopiloto en Operación Cross.

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03 de enero de 2026 – 21:45

La jueza Lici Sánchez ha emitido una orden de captura internacional para el supuesto narcopiloto Wilson Rodríguez, quien está siendo investigado en la operación Cross. Según el análisis del Ministerio Público, Rodríguez sería parte de una organización delictiva que se dedica al tráfico de drogas, operando en Cerrito, departamento de Ñeembucú. Esta organización fue desmantelada en febrero de 2025 tras la detención de otros presuntos miembros.

En respuesta a esta solicitud, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, ha dictado la orden de captura nacional e internacional de Rodríguez Aquino, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 274. Dado que él es originario de Pedro Juan Caballero (Amambay), se sospecha que podría haber cruzado al territorio brasileño, ya que se encuentra fuera de su ubicación habitual desde el 15 de abril de 2025, cuando el fiscal Arriola solicitó su detención.

El fiscal Arriola había indicado en su petición que existe una orden de detención contra Wilson Rodríguez, por medio de la Resolución N° 15 del 15 de abril de 2025. Además, se ha determinado que, según su historial delictivo, su domicilio está en Pedro Juan Caballero, un área de alta permeabilidad territorial, lo que facilita el cruce informal y no regulado de personas y bienes a través de puntos clandestinos o de escasa vigilancia.

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Fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

Imputación a supuesto narcopiloto

Para la Fiscalía, Rodríguez es parte de un grupo criminal organizado, cuyos miembros coordinarían la adquisición de cocaína de zonas productoras para su transporte aéreo a fincas rurales en el departamento de Ñeembucú.

Además, la estructura ofrecía sitios temporales para el almacenamiento de la droga y otros materiales necesarios, facilitando su posterior traslado hacia Uruguay o Argentina.

A Wilson Rodríguez se le imputa concretamente que el 17 de diciembre de 2024 introdujo al país 456,700 kilogramos de cocaína en un avión Cessna blanco, pintado de azul marino en la parte inferior y decorado con franjas rojas y grises, sin matrícula visible, proveniente de Bolivia. Esta información se sustenta en interceptaciones telefónicas autorizadas por un juez.

La avioneta quedó volteada en la cabecera del aeródromo municipal de Cerrito.
La avioneta quedó volteada en la cabecera del aeródromo municipal de Cerrito.

Las sustancias fueron supuestamente resguardadas por otros implicados y luego trasladadas por tierra por Fernando Florentín, Aníbal Almada, Édgar Lambaré, Alexis Centurión, Alfredo Centurión y Reinaldo Ramón Aquino, quienes también enfrentan cargos desde el año pasado.

Agentes de Senad y de Fiscalía intervinieron el Aeródromo Municipal local, en febrero de 2025.
Agentes de Senad y de Fiscalía intervinieron el Aeródromo Municipal local, en febrero de 2025.

Estructura tenía la colaboración policial

Durante la operación Cross, realizada en febrero de 2025, se llevaron a cabo varios allanamientos en Cerrito bajo la dirección de los fiscales Ingrid Cubilla, Pamela Pérez y Christian Ortiz, resultando en la captura de varios presuntos integrantes del grupo narcotraficante que operaba en la zona.

El juez Osmar Legal había impuesto prisión a los detenidos, que incluyen a Filomeno Sanabria López (65), Eusebio Blanco Blanco (55) y Pedro Alcántara Lobos López (42), además del suboficial mayor de la comisaría 16ª de Cerrito, Lucas Vera Bordón (42), Evelio Leodegar Salinas Bogado (54), Estela Sanabria Villalba (43) y el oficial primero Lucas Gabriel Riveros Coronel. La acusada Mariels Salinas recibió arresto domiciliario.

Se solicitó también la captura de Christian Fornerón, Héctor Darío Salinas y Ramón Salinas.

Según datos del Ministerio Público, entre los detenidos, buscados y los policías mencionados, todos habrían sido parte de una estructura narcotraficante organizada. Se alega que adquirían cocaína de Bolivia y la introducían en áreas rurales de Ñeembucú para su almacenamiento y posterior envío a Argentina o Uruguay.

Respecto a los policías Lucas Riveros y Lucas Vera, la imputación fiscal les atribuye haber proporcionado presuntamente cobertura y apoyo policial, participando en la logística para que la organización pudiera operar con mayor eficacia, evadiendo controles y protegiendo sus rutas y métodos de transporte.


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