Bello inicia juicios por más de US$ 1 millón en Asunción.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, ha ordenado el inicio de 20 juicios contra contribuyentes morosos que suman G. 8.000 millones. De esos, solo tres concentran casi G. 2.400 millones, según confirmó Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos. El interventor Carlos Pereira había reportado “graves hallazgos judicializados” que involucraban al entorno del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).
En tres de esos procesos, que se han iniciado contra empresas del sector de la construcción, automotriz y contribuyentes particulares, las deudas ascienden a G. 2.373 millones, confirmó Sabaté. En los otros casos, hay también instituciones, así como personas físicas y empresas privadas, precisó.
Las deudas abarcan diversos tributos, siendo los más significativos los impuestos inmobiliarios, aunque también se incluyen tasas y contribuciones. “Si el contribuyente tiene registro vencido (está incluído), porque se considera una única cuenta catastral a la que se le imponen las deudas”, explicó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Buscan acuerdo
Millonaria deuda judicializada
El director de Asuntos Jurídicos subrayó que la comuna enfrenta en procesos judiciales deudas que rondan los US$ 130 millones, que, si se resolviesen favorablemente, podrían representar una solución a los problemas financieros de la institución.
Turbios manejos
En su informe final, el interventor Carlos Pereira alertó sobre la existencia de 53.280 juicios de cobranza, que totalizan más de US$ 109 millones, en los que la Municipalidad es parte y advirtió que ese dato “asusta por el impacto del número potencialmente en alto riesgo patrimonial”.
Pereira también destacó un juicio iniciado en 2017 -entre otros- por Julio “Bollo” González, quien fue secretario privado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). En este proceso, se pretendía cobrar US$ 65 millones a la Financiera Urundey S.A., que fue declarada en quiebra en agosto de 1996. Pereira sugirió que podría tratarse de una posible “maniobra para generar honorarios profesionales que luego serían cobrados al Municipio”.
En su informe, el interventor se centró en 8 “graves hallazgos judicializados”, incluyendo el caso de las tierras municipales cedidas en uso al Centro de Acción Social Universitaria (CASU), que, según denunciaron concejales cartistas, fue “regalado” por la inacción de la gestión de Rodríguez.
