Analista alerta sobre incumplimiento de reglas fiscales adicionales.
Además, establece dos directrices para “regular la situación” al momento de asignar los gastos del Estado. “El aumento anual del gasto corriente primario del Sector Público no podrá superar la tasa de inflación interanual más el 4%. El gasto corriente primario se define como el total de gastos corrientes excluyendo el pago de intereses”, indica por un lado y, por otro, que “no se podrán incluir aumentos salariales, salvo que se produzca un incremento en el salario mínimo vital y móvil vigente. El incremento será, como máximo, en la misma proporción y se incluirá en el Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal”.
Una “señal política” relevante
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde es conveniente comprar hoy
La forma adecuada de llevar la contabilidad pública
Se mencionó que el manual del Fondo Monetario Internacional enseña que el devengamiento ocurre con el hecho económico, que a su vez sucede cuando el Estado reconoce un acontecimiento. Es un principio contable fundamental que señala que los ingresos y gastos deben registrarse en el momento en que ocurren económicamente.
El MEF reconoce el hecho al llegar a tesorería
En este sentido, instó a corregir esta situación, ya que, de no hacerlo, podría incentivarse a que se retengan las facturas en el MEF. Mientras tanto, “la ruta ya está en funcionamiento, el servicio ya tiene su uso. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este asunto”, agregó.
Déficit podría estar en torno al 4%, considerando las deudas millonarias
Si se sumara esa cantidad al déficit fiscal “oficial” que el gobierno anunció esta semana, en lugar del 2% del PIB que se comunicó (US$ 1.047 millones), el total en realidad estaría alrededor del 4% del PIB (aproximadamente US$ 2.097 millones). Esto se basa en el cálculo de un PIB de US$ 52.000 millones registrado en 2025.
El grado de inversión “a un alto costo”
Según se indicó, el plan de convergencia fiscal, que establece el límite de déficit que se puede tener cada año en la administración central hasta alcanzar el 1,5% del PIB en 2026, fue fundamental para que Paraguay obtuviera el grado de inversión de una segunda calificadora de riesgos (Moody’s en 2024 y S&P en 2025).
No obstante, si ese grado de inversión implica que el Estado no cumpla con sus obligaciones con sectores sensibles de la economía -como salud, obras públicas y alimentos para poblaciones vulnerables-, en vez de un beneficio, se convierte en un perjuicio, según su análisis. Especialmente porque al no pagar a los proveedores del Estado, en realidad se interrumpe toda la cadena de pagos “hacia abajo”, es decir, a las mipymes que a su vez suministran a esas empresas.
En este sentido, Vallejos comentó: “Conseguimos el grado de inversión, pero ¿a qué precio? Nos está costando muy caro”.
¿Cómo cubrirán las deudas?
Recordó que el año pasado, al tratarse del presupuesto general de gastos de la nación, ya se discutió el tema de la millonaria deuda del Estado y aun así se previó “cero en transferencias”.
“Se estableció cero para saldar las deudas del año pasado. Así que, en cualquier momento podría llegar un pedido de emisión de bonos en una extraordinaria para eso. De lo contrario, no veo cómo se cubrirán esas deudas”, reflexionó la legisladora.
También subrayó que el presupuesto destinado a obras para este 2026 es muy limitado, en relación a los compromisos asumidos. “Las nuevas obras que deben ejecutarse este año de contratos ya adjudicados superan ampliamente el presupuesto, además de la deuda del año anterior. Es decir, deudas acumuladas”, señaló.
El contexto es bastante complicado, según se explicó. Debido a que para financiar obras importantes, el Estado adquirió créditos externos, por los cuales se pagan intereses y, además, se penaliza si no se utiliza el dinero en el tiempo acordado.
“Es decir, estamos pagando intereses a los proveedores por no pagar a tiempo, estamos pagando intereses por beneficios recibidos e intereses por no utilizar los beneficios obtenidos. Y toda esta situación, según las autoridades económicas del Gobierno de Santiago Peña, se manifiesta como una medida para no sobrepasar el famoso déficit fiscal”, enfatizó.
Ajustar las cuentas
La diputada Vallejo sostuvo que es necesario ajustar “de una vez por todas” el presupuesto, acorde a la capacidad de pago real del Estado. “Se lo dije al mismo ministro (de Economía, Carlos Fernández). Se lo comenté en una reunión en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es un presupuesto engañoso. Un presupuesto que apruebas por 100, luego el plan financiero te dice: ‘no, hay solo 80’, después el plan de caja te indica ‘no, solo hay 70’. Y nuevamente tienes créditos que no usas para no exceder el déficit fiscal, debido al compromiso con todo este tema del grado de inversión. Esto genera un panorama que no es real”, concluyó.
