Abogada critica aumento de penas y explica su ineficacia.
La abogada en derechos humanos, Alejandra Peralta Merlo, detalló el procedimiento que los legisladores deben conocer y aplicar para reformar las leyes relacionadas con las penas por delitos y crímenes. En particular, hizo referencia al diputado Rubén Rubin, quien propone aumentar las penas como medida para prevenir estos delitos. Además, explicó por qué el incremento de las penas no siempre detiene la criminalidad.
“Desafortunadamente, el debate se polariza entre quienes apoyan al pueblo y quienes defienden a los delincuentes y esto no es correcto. En un análisis crítico es vital comprender lo que la Constitución Nacional permite y lo que no. Por lo tanto, aumentar las penas mínimas es una facultad del Congreso Nacional y es posible hacerlo”, afirmó.
Explicó que para implementar penas más severas en lugar de considerar la pena de muerte, se puede optar por la cadena perpetua y la cadena perpetua revisable, que son alternativas más humanitarias, aunque implica modificar los límites establecidos por la Constitución para otros delitos específicos.
Proceso para el incremento de penas
Recordó que el propósito de la pena en nuestro sistema judicial, según el artículo 20, es proteger a la sociedad y la reintegración del delincuente. Esto significa que el Estado debe separar temporalmente al delincuente, trabajar en su rehabilitación y darle un plazo de hasta 30 años en casos de feminicidio, y un límite de hasta 25 años en otros delitos graves.
Aumento de penas para delitos
Peralta mencionó que para introducir sanciones severas, como la cadena perpetua, que son vistas de acuerdo a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, sería necesario denunciar el tratado.
“Para hacerlo, según el artículo 142 de la Constitución Nacional, debemos seguir el mismo procedimiento que para enmendar la Constitución. Esto implica un referéndum para realizar una modificación sustancial en la Constitución, como cambiar la finalidad de la pena; por ende, se requeriría un proceso de reforma constitucional”, explicó.
“Debemos avanzar hacia un debate sobre la aplicación de este proyecto y no limitarnos a la noción de venganza, como bien expresó el proponiente de esta ley, ‘no me importan las cifras, no me importan las estadísticas, solo quiero que se pudran en la cárcel’. La intención de esta ley parece estar en la venganza, no en abordar un problema de raíz”, añadió.
Crítica de la abogada al discurso del diputado
“Ya hemos visto los resultados del aumento de penas. Si la solución estuviera en aumentar las penas desde 2017, cuando se introdujo la figura del feminicidio en la ley, entonces el feminicidio debería haber desaparecido en Paraguay. A pesar de que es el delito que conlleva la pena más larga, 30 años de prisión, estos casos continúan ocurriendo y nadie considera que al cometer un feminicidio, se enfrenten a 30 años de cárcel”, subrayó.
Agregó que el análisis se lleva a cabo mediante lo que se conoce como política criminal, que estudia un hecho particular dentro de la sociedad y su repercusión en la criminalidad, considerando varios factores y “no limitándose a repetir un discurso populista en tiempos de gran dolor social”.
Reiteró que nadie desea que se repitan los lamentables hechos recientes de feminicidios de niñas y jóvenes, así como los abusos sexuales hacia nuestros niños, que son lo más sagrado, y que los encubridores de delincuentes no son más que ellos mismos.
“Debemos reconocer que en estos debates es crucial ser conscientes de que hay diversos elementos que también deben ser considerados. La sociedad no puede ser engañada por discursos populistas que buscan crear una división entre quienes protegen a los delincuentes y quienes defienden a la sociedad, porque esto no es un reflejo de la realidad. Exigimos que nuestras autoridades participen en un debate crítico que demuestre comprensión y claridad en las propuestas que presentan”, concluyó.
