El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció la ampliación del examen de correspondencia de bienes del presidente Santiago Peña, que abarcará movimientos financieros desde octubre de 2025 hasta la actualidad, incluyendo a su entorno familiar para investigar posibles adquisiciones registradas a nombre de terceros. Esta medida responde a la necesidad de verificar si se han ocultado activos que pertenezcan al mandatario.
Benítez confirmó que se están solicitando informes sobre su esposas, Leticia Ocampos, sus hijos Gonzalo y Constanza Peña, y su nuera Serenella Argaña. Sin embargo, los hermanos de Peña, Manuel y Francisco Peña Palacios, no están sujetos a verificación en esta etapa.
La revisión se enfocará en un periodo no analizado en el examen anterior y se intentará reconstruir los movimientos financieros relacionados con un préstamo que Peña habría tomado de Ueno Bank, con el fin de determinar si este fue cancelado o si existen indicios de lavado de dinero. Benítez destacó que la Contraloría necesita respuesta a la información solicitada en un plazo no mayor a 48 horas para asegurar que las verificaciones se completen antes de que finalice el año.
En su defensa ante las críticas a su gestión y a un posible juicio político en su contra, Benítez afirmó que el examen de correspondencia no representa un certificado de honestidad, sino que es una verificación documental que contrasta declaraciones y respalda el crecimiento patrimonial con documentos oficiales. Señaló que su enfoque está limitado a lo declarado por funcionarios y que ciertos activos, como dinero en efectivo y criptomonedas, escapan a su alcance.
El contralor también abordó las diferencias entre el manejo de las declaraciones juradas de Peña y el exdirector de Petropar, Eddie Jara, destacando que ambos fueron sometidos al mismo control, pero que en el caso de Jara se hallaron operaciones financieras sospechosas. Además, lamentó que el Ministerio Público no haya investigado más a fondo las irregularidades de Peña, considerando que tiene herramientas que la Contraloría no posee para realizar pesquisas más exhaustivas.
Benítez expresó que la Contraloría ha alertado de manera insistente sobre los riesgos de depositar fondos públicos en Ueno Bank desde 2022 y cuestionó la falta de acción de otras instituciones ante estas advertencias. Reconoció que el escándalo actual ha dañado la imagen de la institución, aunque insiste en que su trabajo es uno de los más productivos en la historia del país.
Finalmente, el contralor dejó en claro que no tiene intención de renunciar sin defender su gestión y que estará dispuesto a comparecer ante el Congreso si se inicia un juicio político en su contra, para explicar las advertencias realizadas desde la Contraloría sobre los riesgos asociados con los depósitos en Ueno Bank.
