Marco Aurelio González se presentó esta mañana en la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, acompañado de su abogado, Arturo Daniel. Su aparición ocurrió pocas horas después de que agentes del Ministerio Público allanaran su vivienda en Luque buscando su detención, aunque en ese momento no fue encontrado, siendo declarado prófugo.
Según fuentes policiales, tras su presentación, se iniciaron los procedimientos necesarios para asegurar sus derechos y notificar al Ministerio Público sobre su situación. Los agentes aún no han tenido la oportunidad de interrogar a González para aclarar por qué no estaba en su hogar durante el allanamiento. Se espera que la Fiscalía convoque a González para su traslado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
La acción en contra de González forma parte de una operación más amplia que incluyó múltiples allanamientos dirigidos a tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) en el contexto de la crisis que afectó a Ueno Bank y sus vínculos con el Grupo Vázquez. La Fiscalía ha solicitado la detención de Liana Caballero, expresidenta interina del BCP; Marco Aurelio González; y Miguel Ángel Mora.
De acuerdo con informes iniciales, Liana Caballero fue arrestada en su residencia en Asunción, mientras que Miguel Mora fue detenido en Luque. Aunque González no fue hallado en el operativo, se presentó posteriormente a la Policía Nacional.
Los exdirectivos enfrentan la misma denuncia que involucra a otros altos funcionarios, incluido el expresidente del BCP, Carlos Carvallo, y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán. Las autoridades alegan que estos directivos tuvieron conocimiento desde diciembre de 2025 sobre la insolvencia de Ueno Bank y las irregularidades en los créditos a empresas de su grupo, y que fallaron en actuar apropiadamente.
El 3 de noviembre, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank por el deterioro de su situación financiera y por posibles fraudes en la concesión de financiamientos. Esta intervención causó gran preocupación entre los depositantes, afectando los ahorros de cientos de miles de usuarios y de diversas instituciones del Estado.
En el transcurso de esta investigación, también fue arrestado Holger Insfrán. Además, la situación suscitó una crisis política que culminó con el juicio político y destitución del expresidente Santiago Peña, quien enfrentó acusaciones de lesión de confianza y administración en beneficio propio.
