Tímidamente se ha iniciado la firma del libelo acusatorio para el juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández. La decisión no refleja una escasez de méritos, sino un temor a que la mayoría cartista, que aún no ha fijado una postura, pueda archivar el proceso y salvarlo por un año.
El libelo especifica cuatro causales que podrían constituir mal desempeño en sus funciones, incluidos potenciales delitos. Las acusaciones señalan una conducción deficiente de la investigación del caso Ueno, donde se alega una pérdida de pruebas cruciales, así como la retención de una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el expresidente Santiago Peña durante siete meses. Además, se cuestiona su falta de acción frente a denuncias sobre «sobres del poder» y la inacción ante reclamos de funcionarios del Laboratorio Forense.
Se requieren 15 firmas para presentar formalmente el libelo, posibilidad que podría materializarse durante una sesión extraordinaria prevista para discutir el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027. Sin embargo, el ingreso oficial y el trámite legislativo se manejarán con cautela, ya que los legisladores desean asegurar apoyo suficiente.
El juez Rodrigo Estigarribia ya firmó una orden de allanamiento a la sede de Ueno Casa de Bolsa el 5 de noviembre, ejecutada cuatro días después. En este contexto, María José Benítez García, exjefa de Operaciones de la misma, fue sorprendida intentando destruir evidencias relacionadas con Peña. Se suma a esto la lenta respuesta para incautar el celular de Peña y allanar su mansión en San Bernardino, donde se encontró una supuesta «bóveda oculta».
La diputada Rocío Vallejo, una de las impulsoras del juicio, manifestó que buscan que el mayor número de colegas se sume al pedido, destacando que el objetivo no es personal, sino abordar la crisis financiera y económica que enfrenta Paraguay. Por su parte, Daniel Centurión, líder de la bancada de Colorado Añeteté, expresó su deseo de que el fiscal sea destituido, aunque teme que esto pueda ser rechazado y resulte en un blindaje por un año, como sucedió en el periodo anterior con la exfiscal Sandra Quiñónez.
Centurión aclaró que la bancabilidad del pedido depende del consenso político y que su grupo ha cuestionado la gestión del Ministerio Público, pero advirtió sobre el riesgo de que la propuesta sea rápidamente descartada. En otro tono, el colorado oficialista Jatar “Oso” Fernández se mostró muy crítico del fiscal, manifestando su frustración y llamando a una limpieza en la clase política.
La decisión final dependerá del número de votos en la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para que el libelo avance. Si están presentes 80 diputados, se requieren al menos 53 votos a favor. Aún no se ha formalizado el ingreso del libelo, por lo que no existe una fecha definida para su tratamiento.
