La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, participó este miércoles en la primera sesión ordinaria de la nueva Junta Municipal, donde expuso el crítico estado financiero de la comuna. Durante la reunión, se presentó un pedido urgente de reprogramación presupuestaria para asegurar el suministro de combustible para los camiones de Servicios Urbanos y Vialidad, lo que desató tensiones con la mayoría colorada en el legislativo municipal.
Núñez informó que la municipalidad enfrenta un “severo desorden y desfondamiento institucional”, revelando un atraso de cerca de diez meses en los pagos a la mayoría de los proveedores, lo que ha llevado a varias empresas a suspender la provisión de insumos esenciales y servicios operativos. El equipo técnico de la intendenta ha identificado una deuda flotante de 43.000 millones de guaraníes (aproximadamente 7,2 millones de dólares). La intendenta aclaró que este monto corresponde únicamente a lo que está «listo para pagarse», y se estima que la deuda podría ser mayor debido a compromisos financieros aún en verificación.
Stephan Rasmussen, asesor financiero de Núñez, indicó que de la deuda total, 30.000 millones de guaraníes corresponden a deudas por combustible. Esta cifra refleja que la gestión anterior, liderada por el exintendente Luis Bello, no realizó pagos durante todo el año. Rasmussen criticó que, aunque se alegó dejar 30.000 millones en caja, esta cantidad es insuficiente para cubrir tanto el pasivo flotante como los gastos salariales, que ascienden a alrededor de 50.000 millones de guaraníes mensuales.
La falta de combustible ha generado una parálisis inmediata en los servicios de recolección de basura, llevando a Núñez a advertir que la nueva administración asumió «sin combustible» para operar los camiones recolectores. Ante esta situación, se solicitó la reprogramación presupuestaria para transferir fondos entre programas sin aumentar el gasto global, con el fin de asegurar el abastecimiento de carburante.
Además, se identificó que la gestión anterior omidió realizar cerca de 21 llamados de licitación necesarios para el abastecimiento en 2027, lo que compromete la continuidad operativa de la municipalidad. Rasmussen enfatizó que esto compromete los plazos legales y operativos para servicios vitales.
Sin embargo, la solicitud de reprogramación presupuestaria por 7.057 millones de guaraníes fue frenada por la mayoría colorada en la Junta Municipal, que decidió enviar el pedido a comisiones para su evaluación. Concejales de este bloque expresaron reservas sobre la urgencia del pedido, argumentando que se requiere un análisis más profundo del expediente.
En el transcurso de la sesión, la intendenta también comunicó un veto parcial al Presupuesto Municipal 2027, con la esperanza de obtener el respaldo necesario para evitar que el veto sea sancionado de manera ficta. La competencia política en la Junta Municipal se ha acentuado con la mayoría de 15 concejales colorados, lo que les ha permitido controlar la mayoría de las comisiones estratégicas del legislativo comunal.
