El contrato firmado entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el grupo Kuntur/Araico aún no ha sido divulgado, lo que ha generado un intenso debate técnico. El ingeniero Axel Cid Benítez Ayala, analista del sector eléctrico, ha presentado una crítica de nueve puntos al análisis realizado por el ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres Cadogan, quien argumentó que la tarifa acordada podría ser más favorable que la de los decretos anulados.
Benítez, quien reconoce la experiencia de Cáceres en el ámbito, sostiene que sus conclusiones no resisten un análisis crítico. Uno de los principales cuestionamientos de Benítez es que Cáceres emite juicios sin haber revisado el contrato, validando así la narrativa oficial proporcionada en la conferencia de prensa de la ANDE.
Además, Benítez critica a Cáceres por no cuantificar datos importantes como gigavatios-hora, facturación y costos asociados, lo que considera esencial para una evaluación adecuada. Destaca que, como base de su análisis, la ANDE reportó en 2025 una facturación de 21.919 GWh por aproximadamente US$ 1.100 millones, con una tarifa media de US$ 50,2/MWh.
En su análisis, detalla que los hogares consumieron el 33,9% de la energía y aportaron el 38,4% del total facturado, mientras que la minería de criptomonedas utilizó el 24,9% de la energía y pagó una tarifa media de US$ 47,6/MWh. Por otro lado, la industria y alta tensión, que representan solo el 6,4% del consumo energético, pagaron tarifas más bajas, a US$ 33,4/MWh.
Benítez también cuestiona la comparación de tarifas utilizada por Cáceres, argumentando que la criptominería, al ser interrumpible, no puede ser un parámetro adecuado para evaluar el costo de la energía destinada a la inteligencia artificial, que requiere potencia firme. Agrega que no se han publicado tarifas técnicas por nivel de tensión ni se han separado los componentes de costo como peajes y precios por nodo.
En cuanto a la capacidad comprometida de 286 MW para Araico, Benítez señala que no se consideró la red real, ni la capacidad de subestaciones específicas, lo que podría afectar la disponibilidad de energía. Asimismo, critica la sugerencia de que las nuevas cargas paguen el costo marginal, ya que eso podría representar un subsidio si el abaratamiento se traslada a grandes consumidores.
El análisis concluye con observaciones sobre la falta de precisión en el estudio de la EBY y la dependencia del argumento central de Cáceres en propuestas internas de la Unión de Ingenieros de la ANDE. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el contrato, ya que no se ha aclarado si la adjudicación fue por concurso o negociación directa, ni las penalidades y cláusulas que contiene.
