Los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, han presentado requerimientos conclusivos en el caso del homicidio doloso del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, asesinado el 2 de octubre de 2025. Los requerimientos están dirigidos a dos detenidos desde el 16 de octubre de 2025 en Ciudad del Este: Jorge Guillén Bogado, de 44 años, y Ángel David González Guillén, de 22, sobrino del presunto financista del crimen.
Los fiscales solicitan el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén, argumentando que, aunque se le consideraba inicialmente como el financista del homicidio, las pruebas recabadas demostraron que no tuvo ninguna interacción con otros implicados en el asesinato. En contraste, Ángel David González fue acusado de ser cómplice de sicariato y coautor de asociación criminal, y se solicita que enfrente un juicio oral.
En el escrito presentado el 17 de octubre, se expone que, en las primeras etapas de la investigación, se creía que Jorge Guillén había organizado la logística del asesinato. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que los pagos para el crimen eran coordinados por Carlos Antonio Báez, alias «Lulú», quien también fue vinculado con las transferencias de dinero a los sicarios.
La evidencia clave para la fiscalía es la pericia de los celulares, que mostró que no hubo comunicación entre Jorge Guillén y los demás implicados, mientras que se constató una comunicación constante entre Ángel González y Báez en el periodo crítico. Esto llevó a la conclusión de que las órdenes para las transferencias de dinero provinieron de «Lulú», no de Jorge Guillén.
El 28 de octubre de 2025, el cuerpo del tirador Alexander Abrahán Rojas Duarte fue encontrado en el río Paraná, y al día siguiente la policía detuvo a otros involucrados en el caso, incluyendo a Luis Fernando Guillén Martínez, hijo de Jorge Guillén, y a Elda Sofía Galeano Kleiner, quienes también estaban relacionados con el envío de dinero a los sicarios.
El 22 de febrero de 2026, fue capturado Carlos Antonio Báez, principal sospechoso del atentado. Se le atribuye la organización del crimen, incluyendo el contacto con los sicarios y la gestión de los pagos, así como la eliminación de los mismos tras el asesinato.
El Ministerio Público tiene un plazo hasta el 30 de octubre para presentar requerimientos conclusivos sobre Luis Fernando, Elda y Marco Antonio, para decidir si se les acusa o se solicita su sobreseimiento.