La situación en el Banco Central del Paraguay (BCP) se ha complicado tras la aprobación de operaciones relacionadas con Ueno Bank, que recibió una inyección de capital público desde su autorización el 21 de junio de 2024. Según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas y el boletín de inversiones del Instituto de Previsión Social, el banco ha captado hasta agosto de este año G. 4,8 billones (850 millones de dólares) del sector público y del fondo de jubilaciones.
A pesar de este crecimiento, surgieron múltiples advertencias sobre la gestión de Ueno Bank, las cuales fueron ignoradas por la dirección del BCP. Esta situación llevó al Senado a solicitar informes el 9 de septiembre, tras lo cual la institución tomó medidas para investigar las irregularidades señaladas. Documentos internos revelan que las notificaciones sobre la entidad fueron emitidas desde 2025, pero no se actuó de inmediato.
Las alertas incluyen excesos en las operaciones crediticias con empresas vinculadas a Ueno Bank y préstamos otorgados en condiciones muy desfavorables. Además, se han señalado problemas de solvencia en la entidad, la inclusión de gastos no autorizados en el fideicomiso relacionado con la fusión con Visión Banco y una cartera morosa que no ha sido adecuadamente clasificada.
El BCP, presidido por Carlos Carvallo, se ha limitado a abrir un sumario administrativo después de las presiones del Congreso, en vez de abordar de manera contundente las preocupaciones planteadas. Estas irregularidades han suscitado un clima de desconfianza entre los legisladores y la ciudadanía, especialmente considerando que el banco maneja más de 850 millones de dólares en recursos estatales y previsionales.
El caso de Ueno Bank sigue generando controversia, ya que se han constatado vínculos entre la entidad y operaciones sospechosas, como el pago de millones por un workshop a una firma donde el exministro Peña era accionista. La falta de transparencia en la gestión del BCP ha llevado a cuestionar la eficacia de sus controles internos y su capacidad para salvaguardar los intereses del Estado.
La situación actual plantea interrogantes sobre la regulación bancaria en Paraguay y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para proteger los recursos públicos. A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen decisiones que aseguren la integridad del sistema financiero nacional y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.