El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, de 83 años, deberá recibir una válvula aórtica transcatéter a través del Instituto de Previsión Social (IPS) tras una decisión unánime del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción. Este fallo ratifica la obligación del IPS de proporcionar la asistencia médica necesaria.
La Cuarta Sala del tribunal, compuesta por los camaristas Giuseppe Fossati López, Enrique Mercado Rotela y Stella Maris Zárate González, respaldó la Sentencia Definitiva N° 519, emitida anteriormente por el juez Édgar Agustín Rivas Laguardia. Durante la votación, Mercado Rotela argumentó que el asegurado tiene un derecho subjetivo a recibir la prestación, destacando que la supuesta imposibilidad de pago invocada por el IPS no es justificación suficiente para incumplir con su deber.
El camarista enfatizó que el IPS no puede trasladar sus problemas administrativos a los asegurados, considerándolo inadmisible. Mercado Rotela también subrayó que el IPS debe tomar las medidas necesarias para contratar el dispositivo médico requerido, ya que su falta afecta el derecho a la atención médica de Bajac.
El 25 de septiembre de 2026, la jueza Cynthia Lovera ordenó al IPS proveer la válvula en un plazo de 72 horas, incluyendo los insumos necesarios para su implante y los medicamentos pertinentes. Sin embargo, el 29 de septiembre, el IPS, representado por el abogado Derli Omar Krause, solicitó el rechazo del amparo, alegando improcedencia y argumentando que no era responsable de la situación.
El juez Rivas Laguardia, al analizar los argumentos, concluyó que los problemas de contratación pública del IPS no pueden ser invocados como justificación para el incumplimiento de sus obligaciones. En su resolución, destacó que las demoras administrativas no pueden trasladarse a un asegurado que, por su edad y estado clínico, no puede esperar.
Bajac, actualmente condenado a tres años de prisión por cohecho pasivo agravado, está en medio de un proceso judicial que subraya la complejidad de su situación. La sentencia por el caso de corrupción, en el que se determinó que solicitó una coima de US$ 50.000, se firmó en noviembre de 2025, lo que ha llevado a que se ordene su captura para cumplir la pena.