El pedido de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para 2027 desató un intenso debate sobre los salarios de sus funcionarios y la gestión de recursos. Durante su presentación ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), el presidente de la CSJ, Alberto Martínez Simón, defendió la necesidad de reajustes salariales y la finalización de obras pendientes.
El senador Líder Amarilla fue el primero en preguntar sobre el estado de ejecución del presupuesto, a lo que Martínez respondió que actualmente se encuentra en un 62%. Atribuyó este porcentaje a problemas con el plan de caja y la falta de desembolsos, lo que ha retrasado la finalización de juzgados en localidades como J. Augusto Saldívar y la construcción de un edificio administrativo.
La senadora Yolanda Paredes cuestionó la distribución de los recursos, señalando una diferencia de casi 40 millones de dólares en el rubro de servicios personales. Criticó que los funcionarios con menores ingresos se vean obligados a acudir al Congreso para solicitar mejoras salariales. Martínez sostuvo que la Corte paga los salarios autorizados por el Congreso y subrayó la necesidad de reajustes para enfrentar el aumento del costo de vida.
El diputado Emilio Pavón solicitó que el presupuesto del Poder Judicial alcance el mínimo constitucional del 3%, argumentando que el presupuesto 2026 solo contemplaba un 2,6%. Martínez propuso una mayor autonomía para decidir sobre inversiones y un plan de caja anual para asegurar la disponibilidad de fondos.
Más de 5,000 funcionarios perciben menos del salario mínimo legal, según el diputado Daniel Centurión. Martínez explicó que las remuneraciones de este grupo no se actualizan de inmediato tras un aumento del salario mínimo, sino que deben esperar al siguiente ejercicio presupuestario. La propuesta incluye la regularización de estos salarios y ajustes diferenciados según categorías.
Yolanda Paredes también abordó el incremento del 16% en medicina prepaga, que supera los 1.5 millones de dólares, y la necesidad de una mejor cobertura para evitar que los funcionarios recurran a rifas para cubrir gastos médicos. Además, cuestionó el gasto en combustible, que asciende a aproximadamente 716,000 dólares.
El senador Ignacio Iramain pidió una rendición de cuentas sobre los recursos no ejecutados en 2025, mientras que Silvio Ovelar propuso una nivelación salarial gradual, reconociendo la falta de recursos para un aumento inmediato.
La diputada Dalia Estigarribia indagó sobre un nuevo Palacio de Justicia en Villa Elisa, mientras que el diputado Freddy Franco solicitó más turnos para el Juzgado de Paz de San Lorenzo. Martínez destacó las carencias de infraestructura y priorizó las obras en San Lorenzo y Lambaré.
Finalmente, la senadora Celeste Amarilla exigió una revisión de los gastos de la Corte para destinar más recursos a los funcionarios, a lo que Martínez respondió que no se puede recortar sin afectar los servicios. Enfatizó que la propuesta de reajuste busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo, aunque depende de los recursos que el Congreso autorice para 2027.
