El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Ángel Mora, y otros altos funcionarios de la entidad mantuvieron ayer una reunión de más de cinco horas con senadores para discutir un informe enviado al Congreso. La cita se centró en presuntas irregularidades en la cesión de créditos de Ueno Bank a Vinanzas SA, ambas empresas vinculadas al Grupo Vázquez SAE. Carlos Carvallo, presidente del BCP y exfinanciero de Ueno, no asistió, alegando estar de viaje.
Durante el encuentro, los legisladores cuestionaron los posibles excesos regulatorios. Mora explicó que la Superintendencia de Bancos había actuado preventivamente al detectar irregularidades, lo que llevó a la apertura de un sumario administrativo entre el 5 y el 6 de junio de 2026. Sin embargo, al ser preguntado sobre la fecha exacta de inicio del sumario, Mora evitó dar una respuesta clara, mencionando solo que fue a mediados de septiembre.
El senador Natalicio Chase, quien firmó el pedido de informes, se mostró «satisfecho» con las respuestas recibidas, pero advirtió que el asunto aún no está cerrado debido a la apertura del sumario. La Ley 861/1996 establece un límite del 20% del patrimonio efectivo para créditos a partes vinculadas, y la Resolución 15/2024 del BCP prohíbe la financiación en la venta de carteras entre vinculadas, exigiendo pagos al contado. A pesar de que el informe sugiere indicios de financiamiento prohibido, las autoridades no aclararon si las transacciones fueron pagadas al contado.
Mora introdujo el término «presumario» para referirse a la situación de Ueno Bank, aunque esta figura no está contemplada en la legislación vigente. La Ley Orgánica del BCP solo reconoce dos etapas administrativas: la supervisión ordinaria y el procedimiento del sumario administrativo. Documentos enviados al Congreso indican que el sumario formal fue aprobado el 24 de septiembre de 2026, una semana después del pedido de informes del Senado.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, Marco Aurelio González, miembro del directorio del BCP, limitó las preguntas de los medios, actuando como censor. Interrumpió constantemente y se negó a responder sobre montos involucrados y las sospechas de financiación indirecta, escudándose en el secreto bancario. Los periodistas que intentaron seguirlo fueron empujados por guardias mientras insistían en sus preguntas.