El 4 de agosto, la Cámara de Diputados solicitó un informe al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional sobre el estado de las sedes policiales en el país, revelando las difíciles condiciones en las que trabajan los agentes en el interior. Este pedido se originó tras un violento ataque al puesto policial número 4 de Colonia Naranjito, en Canindeyú, el 21 de julio, donde dos suboficiales y un civil perdieron la vida.
El ataque, llevado a cabo por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), incluyó un tiroteo seguido de un incendio que destruyó la sede policial y los vehículos estacionados. Se especula que el ataque podría haber sido una represalia de narcotraficantes, después de que los agentes interceptaran una carga de cocaína y reportaran una pérdida de 50 kilos.
El informe solicitado fue respondido el 16 de septiembre y los resultados son alarmantes. Aún hay en funcionamiento 69 comisarías construidas completamente de madera, muchas de las cuales están deterioradas por la humedad y las termitas. Las autoridades han reportado que estas pequeñas instalaciones son incómodas y no cumplen con los estándares necesarios para la labor policial.
Además, se identificaron 168 sedes policiales construidas con material cocido en condiciones precarias, que requieren reparaciones urgentes. Estas estructuras representan un riesgo para la seguridad de los agentes que operan en ellas. Los informes provienen de diversas direcciones de Prevención y Seguridad de Policía en varios departamentos, incluyendo Concepción, San Pedro y Alto Paraná.
El Ministerio del Interior había informado el 21 de agosto sobre la conclusión de un monitoreo a las comisarías y subcomisarías de Concepción, pero hasta el momento no se han divulgado los resultados de ese trabajo. La situación plantea serias preocupaciones sobre la infraestructura policial y la seguridad de los funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía.