El Banco Central del Paraguay (BCP) ha emitido una advertencia a los legisladores sobre las consecuencias de filtrar información relacionada con un informe solicitado por el Senado. Esta amenaza se intensificó cuando el senador Natalicio Chase extendió la advertencia también a los medios de comunicación, instando a la responsabilidad en la publicación de dicha información.
Chase afirmó que cada senador será responsable de la posible filtración del informe y utilizó un tono amenazante al pedir a los medios que no se conviertan en cómplices si algún legislador cometiera un delito. Esta declaración generó reacciones inmediatas, destacando la tensión entre la transparencia informativa y la presión institucional.
El abogado especializado en información pública, Ezequiel Santagada, respondió a Chase recordándole que los legisladores disfrutan de fueros y que la información es de acceso público. Santagada enfatizó que las normas internacionales protegen a quienes divulgan información de interés público, lo que contradice la postura del BCP sobre el “secreto bancario”.
Además, Santagada destacó que el alegado secreto bancario no es aplicable en este caso, dado que involucra a la entidad bancaria Ueno, que gestiona fondos públicos. Reiteró que los medios de comunicación tienen el derecho legal de difundir información que obtengan de entidades estatales, defendiendo así la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
La Constitución paraguaya respalda estos argumentos, garantizando la libertad de expresión y la difusión del pensamiento sin censura. En este marco, el artículo 28 establece que las fuentes públicas de información son accesibles para todos, subrayando la obligación de los funcionarios de denunciar hechos punibles.
La exsenadora Desirée Masi también se sumó a la controversia, criticando a Chase y recordándole su deber de denunciar cualquier irregularidad con fondos públicos. Masi calificó de “idiota” la advertencia de Chase y enfatizó que los funcionarios tienen la responsabilidad de informar sobre cualquier sospecha de delito.
El debate en torno al informe del BCP se intensifica, con la existencia de al menos un sumario administrativo abierto contra directivos de Ueno, lo que podría abrir la puerta a más investigaciones sobre posibles delitos relacionados.