Hernán Rivas, exlegislador, fue condenado a 8 años de prisión por la producción y uso de un título falso, tras un juicio que concluyó el 24 de septiembre. El magistrado Juan Carlos Zárate, quien disintió en la pena, propuso una condena de 14 años, argumentando la «perversidad» de las acciones del político y el daño a la institucionalidad democrática.
La defensa de Rivas, liderada por la abogada Alba Zaracho, sostuvo que no se demostró su injerencia en los hechos y solicitó su absolución. En contraste, la Fiscalía pidió una pena de 12 años, subrayando la gravedad del delito. Zárate evaluó varios factores al momento de determinar la pena, destacando que, a pesar de la ausencia de antecedentes penales de Rivas, la mayoría de los aspectos considerados fueron perjudiciales para él.
El juez manifestó que Rivas había llevado a cabo un plan complejo, utilizando maniobras políticas y jurídicas para infiltrarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a pesar de no ser abogado. Esta acción, según Zárate, no solo mostró audacia, sino también un claro desprecio por la ley.
Zárate hizo énfasis en el daño ocasionado a la institucionalidad y al sistema democrático, señalando que las acciones de Rivas perjudicaron la percepción pública de las instituciones. El juez consideró que todos los actos firmados por Rivas en el Jurado son nulos, resaltando que su conducta fue un atentado contra el orden político del país.
Además, Zárate criticó la actitud posterior de Rivas, quien amenazó a la fiscal del caso, Patricia Sánchez. La sentencia, que abarcó 318 páginas, establece que las partes tienen un plazo de diez días hábiles para apelar el fallo. La condena se basa en dos hechos punibles relacionados con documentos falsos, y aunque Zárate propuso una pena más severa, la mayoría del tribunal decidió imponer 8 años de cárcel.