El exdiputado Hernán Rivas, quien fue propuesto en varias ocasiones para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), enfrenta una condena de ocho años de prisión por el uso de un título de abogado falso. Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara de Diputados, ha sido cuestionado por su defensa de Rivas, alegando que no existían denuncias en su contra, a pesar de que ya había alertas sobre la ilegalidad de su título.
Latorre intentó minimizar la experiencia de Rivas como abogado, indicando que su título fue creado de manera fraudulenta poco antes de asumir en 2020. Esta defensa ha llevado a muchos a cuestionar su credibilidad y la de su bancada, el Movimiento Honor Colorado, que ha respaldado a Rivas en múltiples ocasiones.
El legislador Latorre se ha negado a disculparse por su apoyo a Rivas, argumentando que la responsabilidad del caso debe ser determinada por la justicia. En julio de este año, la Cámara Baja aprobó una ley conocida como “Anti Hernán Rivas”, que busca endurecer los requisitos para acceder al JEM, aunque el proceso ha sido criticado por su tardanza y por las circunstancias que rodearon la reelección de Rivas.
A pesar de las irregularidades, una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se unió a los colorados para aprobar la reelección de Rivas y cambiar a su representante ante el JEM, Eusebio Alvarenga, por Rodrigo Blanco. Esta acción fue vista como un intento de burlar las normativas que establecían un mandato de cinco años para los representantes de la Cámara.
El entonces diputado Celso Kennedy expresó su incredulidad ante el hecho de que un proyecto de ley en discusión pudiera tener efecto inmediato, subrayando la inconstitucionalidad de la situación. La votación de Rivas fue parte de un acuerdo que exigía a los votantes respaldar su candidatura como condición para votar por otros candidatos.
Varios opositores, incluidos Kattya González y Sebastián Villarejo, denunciaron el proceso como un atropello a la legalidad, advirtiendo sobre la ineptitud de Rivas para ejercer en el JEM. Villarejo destacó cómo la justicia se encuentra subordinada a las decisiones políticas, lo que representa una amenaza para la institucionalidad.
Finalmente, tras ser nombrado, Rivas votó por su propia nominación y fue juramentado por Latorre, cerrando un ciclo que ha dejado a muchos en el ámbito político cuestionando la integridad del proceso legislativo y la capacidad de los representantes para actuar en beneficio de la justicia y la Constitución.