El acoso sexual en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha dejado hasta ahora un saldo de aproximadamente 80 víctimas identificadas, según reportes de gremios estudiantiles que han comenzado a presentar denuncias ante las autoridades. A pesar de las acciones de intervención por parte de la UNA, el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía, las estudiantes expresan su preocupación por la continuidad de una plataforma web que aloja material íntimo no consentido y que sigue activa, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las jóvenes.
Ximena Ramos, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), ha señalado que se están recopilando denuncias de alumnas afectadas, con 60 casos provenientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) y 20 de la Politécnica. La situación ha llevado a la creación de una mesa de crisis con el objetivo de proporcionar acompañamiento psicológico a las víctimas y de investigar el origen de los ataques, que podrían involucrar a estudiantes universitarios.
La abogada Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista, destacó que el desafío no se limita a la creación de protocolos, sino que enfatizó la necesidad de contar con equipos técnicos y jurídicos capacitados en las facultades para una respuesta inmediata. Moragas advirtió que, aunque hay normas en papel, la falta de profesionales capacitados para gestionar adecuadamente las denuncias puede hacer que la respuesta institucional llegue tarde.
Ante esta situación, el rectorado de la UNA ha prometido establecer canales de comunicación y compromisos para abordar el problema. Se designó a la Dirección de Bienestar Institucional como la instancia central para recibir denuncias, y se ofrecerá atención psicológica en la Dirección General de Extensión Universitaria, además de asegurar la confidencialidad de las denunciantes.
A pesar de estas medidas, Moragas y otros especialistas han criticado la respuesta institucional, argumentando que la atención se centra en la reacción una vez que ocurre el daño, en vez de enfocarse en la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Según Clemen Bareiro, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la situación refleja patrones socioculturales arraigados que consideran el cuerpo femenino como algo disponible.
Los análisis realizados por Bareiro indican que la problemática se sustenta en un pacto de complicidad masculina, el anonimato que permite la tecnología para la creación de contenido sexual y la falta de educación integral sobre sexualidad en las escuelas, que perpetúa la violencia. La ausencia de un protocolo claro en la universidad, junto con la falta de recursos para implementar medidas efectivas, deja a las víctimas desprotegidas.
La situación es crítica, y la comunidad universitaria exige respuestas más contundentes y efectivas, ya que la falta de acción puede seguir normalizando la violencia y el acoso en sus espacios de estudio. La necesidad de un cambio profundo en la cultura institucional y educativa se ha vuelto más urgente que nunca.