Chuck Jenkings, alguacil del condado de Frederick en Maryland, ha dedicado 18 años a facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados bajo un acuerdo conocido como 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta colaboración permitía que personas sin estatus legal, tras cumplir sus condenas, fueran entregadas a ICE desde las cárceles locales. Sin embargo, recientemente se aprobó una ley estatal que prohíbe esta práctica, poniendo fin a un proceso que había sido una parte integral de las operaciones del alguacil. La nueva legislación refleja un cambio en la política estatal respecto a la inmigración y busca limitar la cooperación entre las autoridades locales y federales en materia de deportación. Esta decisión ha generado un debate significativo sobre los derechos de los inmigrantes y la actuación de las fuerzas del orden.
