División en el Gobierno sobre contrato de Atome y tarifa eléctrica en ANDE
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Postura dividida sobre el contrato de Atome con la ANDE: El economista Amílcar Ferreira aboga por tarifas preferenciales. En medio de un intenso debate, Ferreira sostiene que una tarifa fija a largo plazo es esencial para asegurar una inversión de mil millones de dólares, a pesar del rechazo de expertos que critican la falta de ejecución de la empresa.
El economista y asesor financiero Amílcar Ferreira ha tomado una posición firme en el polémico debate que rodea el contrato de la empresa Atome con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay. Ferreira defiende la creación de una tarifa preferencial a largo plazo, argumentando que la inversión de mil millones de dólares requiere estabilidad y previsibilidad en el costo de la energía eléctrica. Esta afirmación contrasta con las declaraciones de técnicos del sector y empresarios que advierten sobre un potencial daño patrimonial a la estatal.
La defensa de Ferreira encuentra eco en miembros del Gobierno, incluidos funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes continúan apoyando el marco contractual de Atome. La reciente decisión del presidente Santiago Peña de revocar los decretos que favorecían a las empresas electrointensivas no ha enfriado el debate, y la discusión sobre tarifas sigue activa.
El jefe de Gabinete, Javier Giménez, defendió la tarifa solicitada de 30 dólares por megavatio hora, argumentando que no perjudica a la ANDE, ni representa un regalo del Estado. Sin embargo, esta postura no ha convencido a todos, y el sector empresarial muestra una creciente preocupación.
Bruno Vaccotti, director de la empresa Penguin, destacó que Atome no ha logrado avanzar en su infraestructura desde 2021, señalando que la firma ha establecido condiciones sin haber cumplido con los compromisos adquiridos. Vaccotti criticó que, pese a la ampliación de la potencia del acuerdo, Atome no ha instalado las subestaciones prometidas.
Otro experto, el ingeniero Javier Villate, advirtió sobre el riesgo que representa ofrecer una tarifa preferencial durante más de una década. Según Villate, tal medida se traduciría en un «subsidio encubierto» que terminarían costeando todos los contribuyentes paraguayos, generando así una carga insostenible para el Estado.
En medio de esta polarización, las voces sobre el futuro del contrato de Atome continúan multiplicándose. La ANDE y el Gobierno se encuentran ante un dilema que podría moldear el panorama energético del país en los próximos años. La lucha entre la necesidad de inversión y la responsabilidad económica se agudiza, dejando en el aire el futuro de este acuerdo y su impacto sobre la economía nacional.
