Cancelación de contrato de ANDE evita pérdidas millonarias pero revela desorden energético en Paraguay

La reciente decisión del Gobierno de cancelar un contrato de abastecimiento de 145 megavatios (MW) entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la firma internacional Atome ha sido calificada como una medida que evita un daño financiero significativo al Estado. No obstante, este hecho también subraya la falta de una política energética coherente en el Gobierno del presidente Santiago Peña, según el análisis del ingeniero Javier Villate, un reconocido experto en energía.

Villate insistió en que la oferta de una tarifa fija preferencial durante 15 años no solo era insostenible, sino que representaba un subsidio encubierto que recaería sobre la población. La intención de colocar excedentes de las binacionales sin considerar la salud financiera de la ANDE es, a juicio del especialista, un indicativo de una política industrial poco inteligente.

Los datos técnicos que ilustran el dilema incluyen el costo del peaje por el transporte de electricidad, estipulado en el artículo 15 de la Ley 3.009, que añade 3 US$/MWh al precio. Esto eleva el costo real para la ANDE a 34,32 US$/MWh, lo que contrasta fuertemente con la tarifa fija de 30 US$/MWh que se había propuesto.

Una transacción problemática

Villate subrayó que la tarifa fijada violaría el principio básico de rentabilidad; al vender energía por debajo de su costo real, el Estado estaría transfiriendo recursos de la ANDE a un consumidor privado. Este proceso, lejos de ser una inversión estratégica, se asemeja a un desfalco disfrazado que podría costarle al Estado varios millones de dólares cada año.

Además, el precio de la electricidad de Yacyretá fue fijado en 30 US$/MWh, aunque un acuerdo operático firmado en 2025 con el presidente argentino Javier Milei estableció un costo inferior de 28 US$/MWh. Este desfase refleja aún más la profunda crisis de la ANDE, que desde 2021 ha mostrado resultados operativos negativos de manera constante.

Reticencia a reformas profundas

Villate también destacó que la cancelación del contrato revela una falta de disposición del Gobierno para implementar reformas que afecten intereses políticos establecidos, incluyendo a sindicatos vinculados a la ANDE. Esta pasividad en enfrentar el problema energético refleja el temor a descontentos en el ámbito político.

Añadiendo a la crítica, el ingeniero concluyó que, aunque la cancelación del contrato es un paso positivo, se trata de una solución insuficiente. El modelo de gobernanza actual, que se basa en la emisión de decretos dispersos, continúa violando el artículo 107 de la Constitución Nacional, que prohíbe la fijación artificial de precios.

La situación se complica aún más si se considera que Paraguay, que alguna vez se enorgulleció de su abundancia en capacidad energética, podría verse obligado a importar electricidad en un futuro cercano. Esto serviría como un claro indicador del fracaso de una política energética que se resiste a reformarse.