Consejo del IPS oculta acuerdos millonarios bajo orden presidencial en Paraguay
Graves irregularidades se revelan en el IPS durante la gestión de Jorge Brítez
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso ABC indican que el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) suspendió deliberadamente las transmisiones en vivo de sus sesiones mientras aprobaban quitas significativas a favor de proveedores. Entre los implicados se menciona al exdirector jurídico del IPS, José “José’i” González, quien afirmó que dichas decisiones contaron con el visto bueno del presidente Santiago Peña.
En la serie de actas secretas, se detalla cómo el Consejo mantenía un funcionamiento opaco, cortando las transmisiones de internet y clasificando las resoluciones para evitar su divulgación pública. Esta estrategia de silencio operaba en un contexto donde se trataban acuerdos económicos con empresas deudoras.
Uno de los casos más preocupantes involucra un pacto extrajudicial aprobado el 29 de octubre de 2024 con la empresa Potî, que llevó a un desembolso de G. 22.520 millones por servicios supuestamente prestados fuera de contrato. Aquel acuerdo, comunicado de manera rápida y sin objeciones, dispuso G. 4.500 millones para la mencionada firma de limpieza.
El exdirector jurídico González no escatimó en señalar que el pacto fue coordinado con el presidente de la República. Para darle soporte político y jurídico, los documentos fueron enviados al asesor económico presidencial, Juan José Galeano, quien desempeñó un papel crucial en la cobertura del acuerdo.
Galeano, a pesar de ser un personaje clave en este entramado, no figura en la nómina oficial del IPS. Esta omisión resulta sorprendente considerando la autonomía que la ley otorga a esta institución, la cual debería operar con independencia del Gobierno Central.
Otro aspecto relevante del acuerdo con el Consorcio Hotelero Sudamericano queda al descubierto: el IPS había reclamado el pago de G. 10.781 millones por deuda desde noviembre de 2018, pero aceptó en su momento cobrar solamente G. 7.500 millones, con la aprobación del Consejo y el apoyo del presidente Peña.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre González, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. En respuesta a esta situación, el fiscal Christian Benítez ha solicitado la entrega de la copia autenticada de la sesión donde se aprobó el trato con el Consorcio Hotelero, en un plazo de tres días.
Este caso marcará un hito en la lucha contra la corrupción en Paraguay. La divulgación de estos documentos podría abrir la puerta a una mayor supervisión sobre los procesos internos del IPS y, potencialmente, a una reestructuración definitiva en la gestión institucional.
