El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado medidas drásticas para abordar lo que él llama «incivilidades», que incluyen acciones como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la calle y la destrucción de bienes públicos. En su primer discurso ante el Congreso, Kast subrayó que su gobierno se enfocará en el orden público, el crecimiento económico y el control de la migración irregular. Para hacer frente a estos problemas, planea enviar al Congreso un proyecto de ley que creará un registro de «vándalos e incivilidades», donde se incluirán ciudadanos que cometan delitos como atentados contra funcionarios, narcotráfico y daños a monumentos.
La propuesta contempla que quienes figuren en este registro perderán beneficios sociales como la educación gratuita, la pensión universal garantizada y subsidios de alquiler. Esta declaración ha provocado un intenso debate en el país, ya que muchos cuestionan la eficacia y la justicia de dichas medidas. Kast, conocido por su postura ultraconservadora, enfrenta desafíos significativos para cumplir su promesa de mejorar la seguridad en el país. Su enfoque ha sido recibido con escepticismo tanto dentro como fuera de la política, generando preocupación entre sectores que defienden los derechos sociales. Las repercusiones de esta propuesta podrían tener un impacto profundo en la sociedad chilena, al tensionar aún más las relaciones entre el gobierno y ciudadanos vulnerables.